Los machaleños Wilder y Richard no temen a las represalias. Han demandado a su ex empleador, un empresario constructor que les dio trabajo durante dos años.

El objetivo de los ecuatorianos es ampararse  a una ley que determina que si hay colaboración de los trabajadores clandestinos con la justicia, se les expide los documentos para trabajar legalmente en España; sin embargo, primero tienen que ganar el juicio.

En la oficina de la Gran Vía 80, en Madrid, dialogan con el  abogado que les lleva su caso, quien ha pedido no identificar a sus clientes.

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Wilder, oriundo de Machala, arribó a Madrid hace dos años, ocho meses. En su tierra natal laboraba como carpintero, oficio que le facilitó conseguir un trabajo al poco tiempo de su llegada. Trabajaba 12 horas diarias por 600 euros (750 dólares) al mes.

Agotado y con ansias de buscar una mejor oferta encontró otro puesto en la empresa de la construcción antes mencionada. “Un amigo que era el encargado, nos dio una mano. Entré como peón y ganaba 850 euros (1.062 dólares) al mes”, manifiesta.

La compañía conformada por albañiles ecuatorianos y polacos -el  70%  indocumentados- no pagaba  horas extras ni sobretiempos, tampoco se proponía legalizar a sus empleados. “Nos suspendía cuando quería,  a lo último se retrasaba con los salarios hasta que le pedí vacaciones pagadas y documentos y me dijo: no estoy obligado a darte trabajo, ya no trabajas para mí”.

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Richard laboraba en la misma empresa en las reformas de edificios, patios y terrazas. Ganaba como asistente 42 euros (52 dólares) diarios, desempeñaba la labor de un oficial que cobra 60 euros por día. “Le pedí a mi jefe que me subiera el sueldo y me dijo que si me gustaba lo que estaba pagando que me quedara y si no, que me fuera a  la calle”. Richard consiguió una oferta de trabajo del empresario, pero no era válida.

Las pruebas
Después del despido, en agosto pasado, buscaron un abogado español que les dijo que les llevaría el caso si los testigos que consiguieran fueran españoles, porque  los jueces dudan de la palabra de los ecuatorianos.

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Los inmigrantes “sin papeles” que denuncian a sus patronos deben probar que trabajaron para él; puesto que no cuentan con documentos para demostrarlo,  la otra opción es tener testigos.

Después de conseguir al abogado que tienen actualmente -mediante una ONG- debían asistir a juicio, previsto para el martes pasado. Ese día declararía como testigo Jaime Daniel, un guayaquileño, ex compañero  de Richard y Wilder,  pero el ex empleador no se presentó.

El juicio se lleva en el Juzgado 28º de lo Social. Durará unos seis meses. Según su abogado, posibilidades de ganarlo existen; certeza, ninguna. Los jueces deberán pasar un informe a los ministerios del Interior y de Trabajo para que luego la Comisión de inmigración determine el caso.