Los mandatarios de la Unión Europea (UE) aprobaron este viernes en la cumbre de Bruselas la segunda fase de su estrategia de seguridad, lucha contra el terrorismo y contra la inmigración ilegal en los  próximos años, que no prevé acciones en favor de la entrada legal de ciudadanos  de países terceros.
 
Tras cinco años de trabajos en este terreno y con los agravantes de los  atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos y los del 11 de marzo  de este año en Madrid, los europeos consiguieron en el plan para los próximos años que las decisiones en estas materias se tomen por mayoría y no por unanimidad como hasta ahora, lo que facilitará su puesta en marcha.
 
Pero las decisiones sobre inmigración legal seguirán tomándose por unanimidad por las reticencias de Francia y Alemania frente a España e Italia, aunque dejan claro que el establecimiento de cuotas de entrada de momento seguirá siendo competencia de cada país a pesar de que se reconoce que la inmigración ilegal "desempeñará un papel importante en el refuerzo de la economía" de Europa.
 
La inmigración legal "es una prioridad para los próximos años en un  continente que envejece", alertó el comisario europeo de Interior, António Vitorino.
 
El plan para crear un espacio de libertad, seguridad y justicia en la UE  incluye acciones para gestionar el asilo y la inmigración, el control de las  fronteras, la integración, la lucha contra el terrorismo y el crimen  organizado, la justicia y la cooperación policial.
 
Las acciones europeas en materia de inmigración y asilo se centrarán así en  crear un sistema común para gestionar las demandas de asilo, antes de 2010, y  la posibilidad de responder a ellas en los países vecinos de la UE del norte de África.
 
Además quieren ayudar a los países terceros a frenar la emigración  clandestina a Europa a través de acuerdos de asociación que incluyan cláusulas para que estos países, fronterizos con el sur y el este de Europa pero también  en Asia y África, readmitan a sus ciudadanos entrados ilegalmente a la UE.
 
Estos podrán ser repatriados "de forma voluntaria y si es necesario, involuntaria", para lo cual piden una "política eficaz de expulsión" que se aplique "de manera humana y respetando plenamente sus derechos humanos y su dignidad".
 
La gestión común de las fronteras exteriores de la UE a través de la  Agencia Europea de Fronteras, que comenzará a funcionar en mayo, es otro objetivo de los 25 países de la UE, además de la posibilidad de crear una  policía europea de fronteras y una tramitación armonizada de la concesión de  visados para entrar en Europa.
 
Para incrementar y mejorar el combate al terrorismo y formentar la seguridad en la UE se proponen intercambiar informaciones policiales, después de haber decidido medidas para cortar la financiación de acciones terroristas.
 
"Hay que aumentar la confianza mutua entre los estados miembros" de la UE para una mayor cooperación judicial, insistió Vitorino.
 
El actual presidente de la UE, Jan Peter Balkenende, pidió que se "tenga en cuenta la seguridad de la UE y no sólo la seguridad nacional".