El presidente de la República, coronel Lucio Gutiérrez, rompió ayer el silencio que  mantuvo durante los últimos cuatro días y acusó al ex mandatario León Febres-Cordero y a su entorno de tratar de desestabilizar al Gobierno para no pagar cerca de 110 millones de dólares que adeudarían al Estado.

Detalló que a la AGD “adeudan más de 12 millones de dólares; la empresa Jambelí del grupo Hidalgo-Febres Cordero debe desde 1988 más de 89 millones; y a la CFN le deben 12’174 mil dólares, montos que superan los 110 millones de dólares”.

Anoche, mediante una cadena nacional que duró cerca de cinco minutos, Gutiérrez insistió en sus denuncias.

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Añadió que Febres-Cordero y el Partido Social Cristiano quieren manipular al ex gobernador de Manabí, César Fernández (sentenciado a 16 años por narcotráfico), “para que a cambio de una rebaja de penas, calumnie al presidente con el tema de la campaña electoral (2002)”.

Gutiérrez negó haberlo llamado (a LFC) para que detenga el juicio político en su contra y dijo que fue más bien él quien lo llamó “tres veces a implorar sollozante, como lo hizo en el caso de Taura, para que no le juzgue el juez Baltasar Garzón por las violaciones de derechos humanos por los casos de los hermanos Restrepo, Consuelo Benavides y Acosta Coloma”.

Recordó los escándalos de corrupción ocurridos en el régimen de Febres-Cordero (Ecuahospital, Ran Gazzit, La Perimetral, la compra del avión Fokker, entre otros). Exhibió recortes de prensa de mayo de 1986 en los que se relatan los recorridos que LFC, como presidente de la República, hacía en provincias para promocionar a los entonces candidatos del PSC en los comicios seccionales.

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“Jamás podrán legal ni constitucional encontrarme peculado, Febres no tiene autoridad moral ni ética para acusarme de algo que él sí lo hizo”, dijo Gutiérrez al referirse a las acusaciones de que en la última campaña electoral utilizó recursos del Estado para impulsar las candidaturas de Sociedad Patriótica.

El Jefe de Estado no admitió preguntas e informó que varios allegados al PSC que trabajan en la Corporación Financiera Nacional, en los ministerios de Agricultura y Economía, en Pacifictel, Andinatel y Petroecuador, serán cancelados de sus cargos.

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También anunció que el Gobierno remitirá a la Comisión de Control Cívico de la Corrupción todos los contratos que esas instituciones hayan firmado con personas cercanas al círculo de Febres-Cordero para que sean analizados y fiscalizados.
Suspendió viaje

En la mañana, la indecisión de Gutiérrez de viajar o no a Brasil para asistir a la Cumbre Presidencial del Grupo de Río causó contradicciones entre funcionarios de Gobierno. Desde las 10h00 hasta las 14h00, el secretario de Comunicación, Iván Oña, y el canciller Patricio Zuquilanda informaban varias versiones sobre el tema. Finalmente, a las 14h50, un comunicado ratificó la decisión del Mandatario de suspender ese viaje. En tanto, el subsecretario de Bienestar Social, Bolívar González, anunció que la denominada vigilia democrática para defender al régimen ante el anunciado juicio político está lista.

González informó que el ministro de Bienestar Social, Antonio Vargas, está desde anteanoche en Puyo, reuniéndose con las organizaciones amazónicas. “Toda la gente está lista para hacer lo que haya que hacer”, dijo.