Quiero hacer un llamado a los directivos del Tribunal Electoral del Guayas sobre una situación que la viví por tres ocasiones, y que seguro le  habrá pasado a muchos ciudadanos, para que en el futuro se tomen correctivos.

En los sufragios de la primera vuelta para elegir al Presidente y Vicepresidente de la República en octubre del 2002, salí empadronada, pero al acercarme a la mesa no constaba mi nombre. En ese momento me extendieron un comprobante provisional (válido solo por 30 días) y mi nombre fue anotado en una lista donde constaban todas las personas de esa mesa que no habían sido empadronadas, para supuestamente hacer los correctivos para la segunda vuelta. Unos días antes de este evento, confirmé en un puesto de atención y me informaron que ya estaba empadronada, lo cual no fue verdad porque el día de la votación, tampoco pude sufragar por no constar en los padrones; repitiéndose el trámite de la primera vuelta (la famosa lista).

Pasaron dos años de eso y con ocasión de las últimas elecciones de alcalde y prefecto realizadas el 17 de octubre, la situación siguió invariable, no estuve empadronada.

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Pregunto a los señores del TEG, ¿qué hicieron con la lista de los que no salimos empadronados las veces anteriores? Si no cumplió su función la famosa lista, ¿para qué le hacen creer al ciudadano que la anomalía va a ser corregida, y mejor informar que uno mismo debería acercarse a solucionar el problema?

Eso pareció un fraude camuflado, porque a muchas personas les debió  pasar lo mismo. En las últimas votaciones, a las 13h00 que me acerqué a la mesa ya habían anotado en la lista a unas 20 personas; multipliquemos la misma situación en todas las mesas de los recintos y concluimos que cientos de miles de ciudadanos no pudimos sufragar por ese motivo.

¿Cómo es posible que solo se den 30 días para el canje del certificado definitivo si solo en el trámite para contabilizar los votos definitivos entre cantos y pleitos de medianoche de  los partidos políticos participantes se llevan casi el mes?, mientras que el resto de la atención queda relegada a segundo plano y al ciudadano se le caduca el certificado y debe  pagar $  140 para obtener el definitivo?

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Es hora de que situaciones de esta naturaleza se corrijan y ya no engañen a la población, aunque la inoperancia, irresponsabilidad e ineptitud de la mayoría de las instituciones públicas son conocidas por todos.

Los números de la telefonía publicados en los diarios no dio la información correcta y contribuyó al caos y pérdida de tiempo del día de las elecciones, ¿o fue un jugoso negocio ese sistema?

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Mercedes Campoverde Liut
Guayaquil