Otras veces se ha dicho ya que la justicia está secuestrada y que las cortes responden a presiones o intereses de determinados partidos políticos. Lo trascendente ahora es que, esta vez, la denuncia proviene de la Comisión de Vigilancia de los juicios bancarios de la Corte Suprema de Justicia.

Es grave que quienes se dedican a hacer política -entiéndase por esto procurar el bien de los ciudadanos- olviden su misión y, contrariándola, enfoquen su poder para favorecer los intereses de un grupo minúsculo que detenta el poder económico. Y es grave también, muy grave, que los jueces de los juzgados y tribunales –cuya labor y principio es hacer que impere la justicia– se dejen presionar y accedan a ser cómplices del atraco a los recursos públicos.

Las consecuencias económicas y sociales todavía las paga el pueblo. ¿Cuándo pagarán los responsables y sus cómplices?