Si hubiésemos dependido de la antigua Emetel, como algunos proponían, hoy el retraso en este campo sería calamitoso. No veríamos a tantos ecuatorianos, de distinta condición social, con un teléfono celular en el bolsillo, que pone a su disposición una rápida comunicación con sus familiares y conocidos.

Pero asimismo, si hubiésemos aguardado pacientemente para que esas mismas empresas se interconectasen entre sí y permitiesen a sus usuarios el envío de mensajes escritos a clientes de la competencia, muy probablemente todavía estaríamos esperando. Fue necesaria la intervención enérgica de las autoridades estatales de telecomunicaciones para que por fin las barreras que existían se derrumbasen.

Esta experiencia nos deja una clara lección: la iniciativa privada, incluyendo la que aportan capitales extranjeros, es imprescindible en un país como el nuestro, que carece de inversiones suficientes; pero el control de los entes estatales, sin exageraciones ni abusos, es necesario si queremos que se respeten los derechos del consumidor.

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Privado y público, libertad de empresa y regulación ordenada del Estado. No es una combinación imposible de lograr. ¿Por qué cuesta tanto a veces conseguir que funcione?