Una vez más el país se encuentra ante la perspectiva de destituir a un presidente, como ha venido pasando en los últimos años casi de una manera religiosa, lo que merece una reflexión acerca de los involucrados en el pecado nacional de no estar entrenados para ejercer la democracia. Porque, mis estimados amigos, la culpa no es solo de Lucio –a pesar de su impreparación y de la forma irresponsable de conducir su gobierno–; también es de los electores, que nunca maduran y siguen cometiendo errores –por lo menos en las elecciones presidenciales porque en las seccionales lucen más sensatos, como lo prueba el éxito de algunos de los gobiernos municipales y provinciales–, y finalmente de los partidos políticos que, una vez convertidos en oposición, no realizan las acciones adecuadas para encarrilar a un gobernante descarriado.

Cabe hacer varias preguntas, por ejemplo: ¿ha sido eficiente la oposición o ha permitido, a través de acuerdos periódicos con el Gobierno (las llamadas mayorías móviles) que el mal siga creciendo sin que se ponga coto definitivo, por vías democráticas, a un Gobierno desastroso?, ¿es posible que con una oposición eficaz se mantenga un Gobierno cuando el 95% de los electores no está de acuerdo con él? El juicio político a lo mejor no conduce a la destitución porque será difícil conseguir 67 votos, es decir las dos terceras partes de los integrantes del Congreso Nacional, pero por lo menos habrá un fuerte tirón de las dos orejas a un gobernante que no ha ejercido debidamente el mandato popular, básicamente por desconocer lo que implica el Estado, la política y la administración pública.

El caso de Gutiérrez es uno de tantos que hemos visto nacer y desarrollar en la azarosa vida democrática del Ecuador, pues el Coronel ha sido presa de la profunda atracción magnética que ocasiona el ejercicio de la política, y de la inmensa abstracción (la conocida campana de cristal que aísla al personaje del mundo) que genera el poder, y no deja de ser curioso que haya incurrido en los mismos errores de insensibilidad y de sordera en los que incurrió Mahuad, su antecesor, a cuyo derrocamiento contribuyó decisiva y decididamente.

En cuanto a la parte formal del juicio político, no debe ser necesario el pronunciamiento previo de nadie para dar inicio a su trámite si 25 diputados lo solicitan, pero lo de fondo sería saber si debemos pasar por otra experiencia traumática sin resultado positivo al no existir los 67 votos para la destitución o si, como dije antes, el juicio debería realizarse aunque sea como sanción moral al Presidente a pesar de su inocuidad jurídica.

El juicio que la Constitución contempla contra el Presidente de la República es uno de carácter político y por consiguiente, no se requiere que las pruebas sean evacuadas como corresponde en los juicios civiles o penales, pues incluso podría darse el caso de que el Presidente sea condenado en el juicio político y absuelto en el juicio penal que debería tramitarse como consecuencia del primero, lo que no dejaría de ser un contrasentido; pero podría ocurrir.

Lo único cierto de todo este embrollo es que la intranquilidad del país –para desgracia de todos– no va a terminar ahora, ni con Lucio presidente ni con Lucio destituido.