La disimetría de los países con la que inevitablemente tienen que afrontar los retos de la globalización, es una fuente de inseguridades que, sumadas a la muy difícil posibilidad de discriminación de las actividades legales de las ilegales, en el intercambio de bienes y servicios,  se transforma en una inseguridad nacional.

La ampliación e integración de los mercados implican el libre flujo de bienes, servicios, capitales, inversiones, tecnologías e ideas en una forma omnidireccional.
El evidente incremento y producción simultánea de los mismos productos en economías que no son complementarias genera una competitividad que modifica radicalmente los modelos económicos tradicionales.

Dentro de este mismo proceso de internacionalización se produce también un inusitado crecimiento de las actividades y de los mercados informales, que en nuestros países sobrepasa al 50% de la fuerza laboral.  Si en las actividades legales del comercio hay intereses que proteger por parte de los países, en las ilegales hay intereses que explotar por parte de los actores ilegales, que sin necesidad de acuerdos logran fácilmente la conformación de redes asociadas para  la mutua cooperación, convirtiendo a los cuerpos legales desactualizados en una de sus fortalezas para actuar libremente.

La seguridad como responsabilidad indelegable del Estado necesita adecuar las leyes para facilitar la cooperación de las instituciones en el cumplimiento de sus misiones. Es igualmente necesario ratificar los convenios internacionales para constituirse en interlocutores válidos y conformar redes legales, ya que ningún Estado en el mundo puede combatir solo a las actividades del crimen organizado transnacional. Este criterio asociativo internacional es asimismo la única estrategia válida y reconocida  por los países donantes para apoyar financieramente a programas de desarrollo social y de mejoramiento de las instituciones relacionadas con la seguridad, como son las aduanas, migración…

El Ecuador ha firmado los convenios internacionales contra el terrorismo, en el marco de la OEA, pero no ha ratificado el Convenio Internacional contra el Terrorismo (Cicte). Para hacerlo no necesita identificar ni catalogar a ningún grupo terrorista. La misma OEA no posee lista alguna, tampoco el convenio firmado. Por consiguiente, no hay ninguna connotación política   para mantener una legislación que en lugar de prevenir este tipo de actividades, sirva de parapeto.

Evidentemente que el tiempo para la legislación y de las decisiones políticas son diferentes, para lo cual la política de seguridad constituye un artificio legal valioso que sirve de interfase para coordinar la cooperación de las actividades de las instituciones de seguridad y lograr objetivos concretos, como tener fronteras seguras tan necesarias para el comercio, la interacción y la seguridad nacional.