Las críticas al trabajo realizado por la empresa responsable de la transmisión inmediata de resultados el día de las elecciones, Indra, no se detienen. Ayer, César Montúfar, director de Participación Ciudadana (PC), pidió al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que realice una auditoría a la labor efectuada por la firma española, vigilada por la Contraloría General del Estado.

Indra firmó un contrato con el Supremo por $ 3 millones  y como anticipo de pago recibió la mitad. El vocal Jorge Valdospinos (ID) indicó que el organismo no le cancelará a la empresa la diferencia hasta que no entregue el informe de su trabajo, que servirá de base para una auditoría que hará una comisión de técnicos y juristas. 

Mientras esto se concreta, el presidente del TSE, Nicanor Moscoso (Prian), solicitó a la Organización de Estados Americanos (OEA) que haga una auditoría técnica de la labor de Indra. Hasta ahora no ha tenido respuesta.

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Según el contrato, Indra tenía plazos que cumplir. Por ejemplo, para prefectos y alcaldes se estipuló un máximo de 90 minutos una vez realizados los escrutinios, pero de las dos dignidades hasta la medianoche no se había computado ni el 40% de la votación nacional.

La versión de Indra es que los presidentes de las mesas no cumplieron con la norma, especificada en el contrato como Sistema de captura, de contabilizar los sufragios por dignidad, sino que lo hicieron en paquete.

La multa máxima que se le puede aplicar a Indra, de acuerdo con lo que se estila en todos los contratos públicos es del 5% del total del monto pactado, es decir $ 150 mil.