Hay al interior del país una acusación contra los que administran bienes confiados al Estado: se afirma injustamente que todos son corruptos.

A confirmar esta acusación que, por repetida, trae el peligro de acostumbrarnos y acomplejarnos, vino hace pocos días el informe de Transparencia Internacional, según el cual Ecuador ocupa entre los países de América Latina el sexto lugar en corrupción.

Parece preocupar solo la corrupción en lo económico y la de los administradores de los bienes confiados al Estado.
La mentira, la prepotencia de algunos investidos de autoridad, el multiforme irrespeto a la vida, la impuntualidad, los empleos fantasma por los que se gana sin trabajar, la distancia fantástica de las remuneraciones que reciben los ecuatorianos, la desproporción de fondos destinados a necesidades más cercanas a la persona no entran en el campo condenado de la corrupción.

Ciertamente la avidez de dinero fácil es un monstruo de cien cabezas; las más frecuentes son las “comisiones”, la exigencia de pago por toda gestión administrativa y –duele decirlo– la compra de jueces. Por supuesto, todo “pago” ha de hacerse en dinero constante.

Para proteger el desarrollo integral del país y el honor de muchos funcionarios, el Congreso Nacional aprobó la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que “garantiza el derecho a acceder a las fuentes de información, como mecanismo para ejercer la participación democrática respecto del manejo de la cosa pública y la rendición de cuentas”. El literal g del artículo 7 precisa:
“Información completa y detallada sobre los procesos precontractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos, etc...”.

Entiendo que en lo anterior se incluye la información de precios unitarios, de lo contrario mucho de lo anterior quedaría en palabras.

Muchos funcionarios seccionales terminarán su servicio en enero. Los que valoren su honor tienen tres meses para protegerlo contra la maledicencia, rindiendo cuentas.
Además de proteger su honor mediante lo que se puede llamar una auditoría pública, darían un ejemplo educador.
Para educar hay que informar de una manera que esté al alcance de todos, de una manera que los ciudadanos de a pie puedan comparar; para educar, no basta una simple información, se requiere una rendición de cuentas: cuánto dinero recibieron durante estos cuatro años, qué obras hicieron y en dónde están y con qué utilidad, cuál es su costo, cuál es su precio unitario.

Un dicho italiano: “Hecha la ley, encontrado el engaño” nos lleva a afirmar que las leyes no bastan; solo ayudan en la medida en que hacen crecer la educación personal para unir derechos y obligaciones y la educación social para rechazar como normal la coima y otros vicios. “Les toca a ellos; ya nos tocará a nosotros”, decía alguien, afirmando que los que “ganaron el poder” tienen derecho a beneficiarse.

Importa tener dinero: no importa cómo, para ser admitido en círculos exclusivos de la sociedad. Rendir cuentas salva el honor y evita corrupción.