Alrededor de 500 pescadores, armadores y comerciantes de Manta realizaron ayer una marcha  que culminó en las instalaciones del puerto, en protesta por la prohibición gubernamental de comercializar aletas de tiburón.

Los manifestantes iniciaron su recorrido en las playas de Tarqui, principal centro de desembarque de pescado, quemaron llantas frente al Municipio y terminaron en los accesos al puerto donde ingresaron por la fuerza pese a los esfuerzos que hizo la seguridad para detenerlos.

Jorge Chiriboga, dirigente de la Fundación para el Desarrollo Pesquero, dijo que  a partir del lunes próximo nuevas organizaciones e incluso el gremio de los taxistas, desde Esmeraldas hasta Puerto Bolívar, se unirán a ellos para exigir que el Gobierno Nacional deroge la prohibición.

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La Dirección General de Pesca informó esta semana que desde el 7 de este mes está vigente la prohibición de realizar pesca dirigida y la exportación de aletas de tiburón en todo el territorio ecuatoriano.

José Gaviria Menéndez, director de Pesca, dijo que el decreto 2130 publicado en el Registro Oficial 437, del 7 de octubre del 2004, firmado por el presidente, busca proteger a esa especie de la sobreexplotación, pero reconoció que su puesta en vigencia ocasiona problemas sociales en las caletas pesqueras del Litoral.

Indicó que se ha dispuesto que inspectores de la Subsecretaría y la Dirección General de Pesca vigilen que los  pescadores no preparen sus equipos para capturar de manera dirigida (a propósito) el tiburón, pues el decreto señala que las aletas que se intenten exportar serán decomisadas e incineradas. Además, los pescadores que traten de comercilizar las aletas serán sancionados con la suspensión definitiva de sus autorizaciones.

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Los pescadores podrán vender la carne del animal para consumo interno y exportación si este es producto de una extracción incidental, pero no podrán comercializar las aletas, agregó Gaviria.

El director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Pesca Blanca (Asoexpebla), Guillermo Morán Velázquez, dijo que Gutiérrez se  equivocó al emitir una prohibición que carece de sustento técnico y científico y adolece de validez jurídica.

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Técnicos de Asoexpebla, Instituto Nacional de Pesca y de la Federación Nacional de Cooperativas Pesqueras del Ecuador, presentaron hace tres semanas un estudio sobre este recurso, en el cual no se encontró, según ellos, razones técnicas para disponer una prohibición en esta época.