En su visita a nuestro país, el presidente Álvaro Uribe realizó un importante avance en los objetivos de su Política de Seguridad Democrática, como corresponde a un estadista, teniendo como contrapartida la reedición de un esbozo de acuerdos preliminares al margen de una política de seguridad integral, y acompañados de una cándida propuesta de compensación por los gastos en que incurre el Ecuador por los refugiados y por cumplir con su responsabilidad de seguridad nacional.

La improvisación y falta de coordinación interinstitucional se pusieron una vez más en evidencia internacional, cuando nuestras fronteras orientales se están desfigurando, a pesar de los grandes esfuerzos del dispositivo militar para mantener la nitidez territorial.

El 40% de fincas es ahora de propiedad de ciudadanos del vecino país, y solo el 3% registra sus escrituras, según el notario del cantón de Lago Agrio.

Debido al enorme flujo migratorio y a la falta de control en el ingreso de extranjeros, se estima que existen en el país 300.000 refugiados que no han regularizado su estatus, y que en la zona fronteriza presionan y amenazan a ciudadanos ecuatorianos, por lo que muchos de ellos se ven obligados a vender o a abandonar sus propiedades.

El contrabando y el tráfico ilegal de armas y precursores para el procesamiento de la hoja de coca son interminables. Agota y distrae de sus legítimas misiones a las fuerzas militares de frontera; sin dejar otra alternativa que militarizar el control fronterizo, si es que se quiere mantener la autoridad del Estado.

Frente a este escenario de la seguridad, que no se ha producido espontánea ni inusitadamente, la segunda cumbre colombo-ecuatoriana, de este año, obtuvo como resultados: una nota de precaución “para evitar que la guerrilla de las FARC incursione en nuestro territorio” y para frenar al narcotráfico para que no acabe con la selva colombiana del Putumayo y después con la ecuatoriana.

Además del agradecimiento del presidente Uribe, por haber encontrado en el Gobierno ecuatoriano “toda la voluntad para luchar contra el narcotráfico”, se ofreció redoblar la vigilancia en la frontera con Ecuador, y se acordó realizar una futura reunión de ministros de Gobierno y del Interior para analizar el tema del control de la delincuencia.

Finalmente, luego de tantos años, se han percatado de la necesidad de elaborar un plan de desarrollo en la frontera común.

La migración ilegal, el contrabando, el narcotráfico, la delincuencia organizada transnacional y las infiltraciones de ilegales armados, en la zona fronteriza, no son recientes y ya fueron avizorados con mucha anterioridad por la sociedad civil, como la revista Blanco y Negro lo advertía en su edición del 4 de marzo del año 2000, bajo el título ‘Plan o Pantano bélico’, refiriéndose al Plan Colombia.

El Consejo de Seguridad Nacional, reunido el 13 de marzo del mismo año, analizó la situación, evaluó los riesgos y delineó una Política de Seguridad de la Frontera Norte, y como una de sus acciones estratégicas decidió crear la Udenor (Unidad de Desarrollo del Norte), a fin de poner en ejecución un plan de desarrollo integral fronterizo, a partir del 13 de abril del 2000, según el Registro Oficial Nº 640 del 3 de agosto del mismo año.

Estas son las responsabilidades pendientes en la rendición de cuentas de los resultados y de las respuestas oportunas que debieron y deben darse, con la adecuada coordinación interinstitucional y liderazgo en la determinación y conducción de una política de seguridad que evite improvisaciones superfluas y vergonzosas.