La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Ecuador rechazó unas declaraciones recientes del presidente Lucio Gutiérrez, en las que acusó a los magistrados de responder a los intereses de sus opositores y advirtió que el pueblo podría incendiar los tribunales.
 
Los magistrados de la corte rechazaron, a través de un inusual comunicado, la postura del mandatario alegando que atenta "contra derechos fundamentales garantizados en la Constitución y la propia institucionalidad de la Función Judicial".
 
El pronunciamiento de la CSJ marca un capítulo más en una serie de conflictos entre el organismo y Gutiérrez, quien recurrentemente acusa al sistema de administración de justicia de estar politizado, por lo que demanda una urgente y radical reforma para independizarla.
 
La CSJ rechazó tácitamente así el llamado que Gutiérrez hiciera el martes a las distintas funciones del Estado a construir una estrategia de desarrollo de largo plazo, tras ser derrotado por sus opositores en unos comicios provinciales y locales claves para su administración.
 
El revés alimentó las esperanzas de sus opositores de juntar los votos requeridos para que el unicameral parlamento de 100 miembros censure a Gutiérrez, por supuestamente estar incurso en actos de corrupción con fondos públicos.
 
El parlamento -organismo en el que ningún bloque supera los 25 escaños-- requiere el apoyo de las dos terceras partes de sus miembros para sacar a Gutiérrez del poder.
 
Gutiérrez, un militar retirado con 21 meses de gestión, ha propuesto una reducción de los actuales 31 magistrados de la CSJ, la fijación de una edad límite para ejercer el cargo y un proceso de selección a cargo de organismos de la sociedad. 
 
Las proposiciones han sido descalificadas por los miembros de la CSJ, algunos de los que consideran que tras el plan -que formaría parte de una reforma política global en la que trabaja el gobierno-- se oculta la intención de Gutiérrez de contar con jueces adeptos a su gestión y entrometerse en la Función Judicial.
 
La pugna tomó un nuevo giro cuando Gutiérrez señaló que los jueces del país respondían a los intereses del partido derechista Social Cristiano (PSC), la mayor fuerza política del país y su principal opositor, y advirtió que el pueblo podía "incendiar" las cortes.
 
La declaración se produjo en momentos en que cortes de la ciudad porteña de Guayaquil tramitan causas en contra de funcionarios y familiares de Gutiérrez por diversos casos, que van desde actos de corrupción en empresas estatales hasta demandas por el manejo del sector eléctrico.
 
Las cortes de Ecuador son consideradas lentas y obsoletas, por lo que la población registra altos niveles de desconfianza frente a su efectividad para sancionar los delitos comunes y frenar la corrupción estatal o privada, un fenómeno que consume unos 2.000 millones de dólares anuales.