Al Ecuador le costó demasiada sangre la democracia. Débil y amenazada, pero es la única que tenemos. Para defenderla solo contamos con el arma que representa la palabra escrita en la Constitución y, en ella, la libertad de expresión.

El pueblo, hambriento y enfermo, habló a través del voto. Se lo dio a quienes le cumplieron sus promesas o a los que hicieron alguna obra que le ayudó a sentirse mejores personas. Mientras que al partido de gobierno casi lo hace desaparecer.
Aun a pesar de los recorridos del Presidente liderando la campaña de sus coidearios y a pesar de la libra de arroz y el par de juguetes que repartieron, que de paso no se sabe de qué bolsillo salieron, el pueblo dijo no al gobierno. Y le dijo “no” porque duda si este es un gobierno que conoce la Constitución y la  democracia.

La Constitución del Ecuador establece que los funcionarios públicos, sin excepción alguna, deben de reunir –como mínimo– tres características: eficiencia, honestidad y capacidad. Es decir, a más de sus formaciones académicas deben de ser capaces de administrar la cosa pública, eficientes en realizar sus tareas en el menor tiempo posible y satisfaciendo el interés común, y no malversar los fondos, menos aún robárselos.

El Presidente de la República insiste en asuntos contrarios a lo dispuesto en la Constitución, pues ha expresado que por ser Jefe de Estado tiene las facultades para ordenar los cambios que cree convenientes, en especial en las cortes de Justicia.

No, señor Presidente, usted no puede hacer eso. Le recuerdo que hace ya algunos siglos los poderes del Estado se separaron; esto es, se repartieron para evitar monarquías y todo lo  que se les parezca. Uno para legislar, otro para hacer justicia y un tercero para administrar la cosa pública. A usted, exclusivamente, le compete este último.

Debe de diseñar las políticas de Estado, los planes de desarrollo, es decir, ponerse a pensar de qué manera nuestra gente pueda tener una vida más digna. Presentar al Congreso sus informes, para que el pueblo conozca cuánto de lo que prometió en campaña ha cumplido. Nombrar a sus ministros de Estado y representantes diplomáticos, pero recordando que deben de ser eficientes y capaces para que lo ayuden a cumplir otra de sus funciones: la de dirigir la política exterior.

Otorgar los ascensos a sus compañeros militares, mantener el orden interno, dirigir la guerra en el evento de que exista. Estas, entre otras, son sus atribuciones. Ninguna disposición jurídica le permite interferir en las demás funciones del Estado, ni declarar nulos actos jurídicos como anunció hacer con los fideicomisos de la AGD.

Si usted cree que estos contratos causaron perjuicios al Estado, está en todo su derecho de presentar demandas, para que luego que investigue el Ministerio Público y resuelva la Función Judicial, sean estas funciones públicas las que sancionen a los autores y cómplices.

Como ve, señor Presidente, usted tiene mucho que hacer. Trabaje, y recuerde que el poder de la Constitución está por encima del suyo.