Los costarricenses están divididos sobre el trato de las autoridades judiciales al ex presidente Miguel Ángel Rodríguez, procesado por delitos de corrupción, lo que le obligó a renunciar a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Un juez de Costa Rica determinó el sábado un arresto domiciliario de seis meses a Rodríguez y una fianza de 560 mil dólares. Políticos se mostraron satisfechos, pero sectores sindicales dijeron que era insuficiente.

El diputado opositor Federico Malavassi, del Movimiento Libertario (derecha), dijo que posiblemente pesó en la decisión del juez su disposición a colaborar y regresar desde Washington para entregarse a la justicia de su país, “que contrasta con la espectacularidad de su arresto” en el que incluso fue esposado”.

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Albino Vargas, secretario de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), se mostró sorprendido porque solo le hayan dado al ex presidente arresto domiciliario. “Es injusto y pesó su pasado político”, dijo.