La defensa de la compañía de Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) pidió una confesión judicial a Enrique Espinoza de los Monteros, demandante del juicio civil que se sigue en la Corte Superior de Napo por los presuntos daños y perjuicios que se ocasionaron al  ambiente y a la población de Quijos en  la construcción del OCP.

El presidente de esa Corte, Alfonso Salazar, definirá la fecha de esa diligencia.

La acción, que exige una indemnización de 300 millones de dólares, inició el 23 de julio del 2003, por denuncia de la Asociación Unidos Somos Más, representada por Espinoza de los Monteros.

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La indemnización, según el texto de la demanda, busca resarcir los perjuicios que se ocasionaron por el emplazamiento de válvulas reductoras de presión por donde cruza la tubería de crudos pesados, como la destrucción de las fuentes y de los sistemas hídricos naturales,  pastizales y cultivos, devastación de la selva y contaminación.