Los catorce implicados por el cierre de la Sociedad Financiera Alfa S.A. (que entró en liquidación el 1 marzo de 2001), fueron sobreseídos provisionalmente en 2003. La condición de sobreseimiento provisional establece que el proceso se suspende cinco años, hasta que se aporten nuevas pruebas para que el juicio (por el delito de simulación de estados financieros) se reactive o se declare la exculpación definitiva de los sindicados.

El juez 3º de lo Penal de Pichincha, Luis Fernández, dictó el llamado a juicio plenario  contra  seis ex administradores: Percy Cáceres Núñez, Pedro Álvarez Villota, Guido Lucioni Chirinos, Alberto Núñez del Prado Simons, Héctor Cando Pinto y José Domínguez Yánez.

El juez Fernández, asimismo, sobreseyó provisionalmente a ocho sindicados: Diego Cárdenas Bustamante, Marcos Zu Fang Cheng, Paul Albrecht Bergman, Rubén Pinto Tafur, José Bustamante, Patricia Ponce Arteta, Carlos Loza Cevallos y Miguel Puente Asquet.

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Sin embargo, al pasar el juicio a la Sexta Sala de la Corte Superior de Quito, el 30 de julio de 2003, se determinó que no fue comprobado el delito y se dejó sin efecto la resolución del juez Fernández. La Sexta Sala estaba integrada por los ministros: Gustavo Gómez Moral, Ramiro Suárez Almeida y Flavio Sánchez López.

La causa se inició en febrero de 2000. La Superintendencia detectó que en 1999 Alfa tenía una posición patrimonial deficitaria de 1.393 millones de sucres.

1.393 MILLONES DE SUCRES
era el déficit que encontró la Superintendencia en la financiera Alfa, lo que hizo que pasara a la AGD, en el 2001.