No hubo culpables por la quiebra de cuatro financieras

Durante la crisis bancaria de 1998-1999, además de varios bancos, también quebraron financieras. En los casos de las firmas Alfa, Finiber y Amerca, los implicados han sido sobreseídos provisional o definitivamente, mientras que en el caso Sibursa, el proceso ha estado detenido durante dos años.

Los cuatro casos se siguieron en los juzgados de Quito y las acusaciones se relacionaron con supuestos peculado y ocultamiento de información sobre la real situación de estas entidades financieras.

En los procesos contra Alfa, Finiber y Amerca, el juez de primera instancia llamó a juicio plenario (cuando existe la certeza de que se cometió el delito y de la participación del sindicado), pero al subir los procesos a las salas especializadas para su revisión, esos llamados se revocaron.

Las sociedades financieras captan recursos del público y otorgan préstamos, pero la principal diferencia con los bancos es que no reciben depósitos a la vista, es decir, en cuentas corrientes o de ahorros, ni tampoco pueden dar sobregiros a sus clientes.

El caso Finiber se archivó
En enero de 2003, la Sexta Sala de la Corte Superior de Quito (CSQ) dictó el sobreseimiento definitivo del ex presidente de la Sociedad Financiera Iberoamericana (Finiber S.A.), Ramiro Garzón Abad, en el juicio por el supuesto delito de ocultar información, cuyo perjuicio a la entidad habría sido de 200 mil dólares.

La Sala revocó la sentencia del juez 8º de lo Penal de Pichincha, Holguer Villavicencio, quien halló culpable a Garzón Abad de peculado, basado en un dictamen acusatorio de la Fiscalía.

En la Sala hubo dos informes. El de mayoría, firmado por los conjueces Pablo Ortiz García y Pablo Bayas Cevallos, revocó la resolución del juez 8º de lo Penal. El de minoría, del conjuez Medardo Oleas Rodríguez, quien lo encontró culpable (los conjueces son los magistrados que reemplazan a los magistrados titulares).

Según el fallo de mayoría, los informes periciales no demostraron ocultamiento de información. En el documento se consideró también que el llamado a plenario por peculado estuvo mal dictado porque el sindicado fue acusado de ocultar información y de este delito sí se defendió.

Asimismo, determinaron que la concesión de créditos vinculados fue tipificado como peculado bancario en una legislación posterior a los hechos investigados.

El 16 de septiembre de 1999, el intendente general de la Superintendencia de Bancos, Gustavo Muñoz, informó a la Fiscalía que Garzón ocultó en los registros la utilización de un certificado de inversión de la financiera para cancelar una obligación personal en el Banco del Occidente, lo que era un delito.

En diciembre de 1999, Finiber entró a saneamiento.

200 MIL DÓLARES
era el presunto perjuicio para la entidad, que se suponía habrían cometido los ex administradores de la financiera Finiber, que en 1999 pasó a manos de la AGD.

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