La mamá de la víctima dice que vendió sus bienes, incluida la cama, y ahora duerme en el piso.

María (nombre protegido), de 33 años, y su hija de 10, que fue violada cuando tenía 3 años, supuestamente por su padre, viven en el centro de la ciudad, en el primer piso de un edificio, pero en absoluta miseria.

La madre de la niña ofendida dice que vendió todo. Su rostro dibuja una mueca de tristeza al recordar la odisea que viven desde el 12 de abril de 1997 cuando comprobó la violación, y entre sollozos afirma que duerme en el suelo porque hasta su cama la vendió, para pagar a los abogados que defendían el juicio contra el presunto violador, identificado según los dictámenes acusatorios de los fiscales Héctor Vanegas y Stalin Coca, como Marco Gallardo Romero.

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La sala está vacía y con las paredes despintadas. Al fondo, solo hay una refrigeradora de 9 pies y un televisor de 12 pulgadas que se los regalaron. Para ver la televisión, madre e hija utilizan dos sillas viejas que se desarman al moverlas.

“Con Marco (Gallardo) viví más de siete años. Teníamos de todo. Pero, a raíz de la violación de mi hija y la denuncia que puse en su contra fui desamparada y empecé a vender mis cosas: en 8 mil dólares una finca de mi madre, situada en el recinto Las Peñas (Cotopaxi). Luego, en 10 mil dólares la casa de una hermana, en Piñas (El Oro)”. Sostiene que como necesitaba más dinero, prestó 30 mil dólares.

Afirma que todo lo que recaudó se lo dio a los abogados que la defendían “y nada lograron”. Incluso dice que la engañaron, porque pensaba que el proceso marchaba bien, hasta que se enteró que el juicio se extravió, supuestamente porque “el juez 13º de lo Penal, Ronald Guerrero, lo escondió por dos años (desde el 15 de junio de 2001)”.

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La mujer, que una vez por semana se encadena frente al Palacio de Justicia para exigir que se capture al violador, lamenta no tener cómo vivir y que el padre no da ni para la alimentación de la niña. Por falta de dinero vendió los muebles, equipo de sonido, lavadora y secadora de ropa, refrigeradora, y demás bienes. Agrega que la niña no tiene ropa y que desde octubre del año pasado la retiró de la escuela.

En el Juzgado 2º de la Niñez está la demanda 316-2004 por alimentos contra Marco Gallardo Paredes. El juez Carlos Díaz le fijó una pensión mensual de 100 dólares, que fue apelada y el juicio se encuentra para resolver en la 2ª Sala de la Niñez y de lo Laboral.

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La causa penal por la violación está en la 3ª Sala de lo Penal de la Corte Superior de Guayaquil, cuyos magistrados deben confirmar o revocar el llamamiento a juicio que dictó hace un mes el juez 1º de lo Penal, Ángel Rubio, indicó su abogado actual, Édgar Frías, ex militante de Alfaro Vive.

Según las estadísticas, el departamento Médico Legal de la Policía ha conocido en los últimos tres años 1.734 casos de agresión sexual.

181 VIOLACIONES
Según la Brigada de Homicidios de la Policía Judicial del Guayas, fueron denunciadas desde enero hasta septiembre de este año.

1.734 AGRESIONES
de tipo sexual, según las estadísticas del Departamento Médico Legal de la Policía fueron registradas entre los años 2002 hasta lo que va del 2004.

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589 ABUSOS
sexuales corresponden a los primeros nueve meses de este año, según el detalle de Medicina Legal de la Policía.