Todos los ecuatorianos conocimos con estupor la noticia de que muchos niños habían sufrido abusos sexuales en Galápagos. El hecho fue noticia impactante y se mantiene en algunos medios que nos han informado acerca de quiénes son los culpables, de su apresamiento y de la iniciación del juicio. Lamentablemente, nos han informado también que es posible que la acusación particular abandone el caso porque no hay dinero para que las abogadas se trasladen a Galápagos y para los gastos que una causa como esta requiere.

El asunto es como para meditar profundamente. Corremos el riesgo de que el juicio por un hecho espeluznante que atañe a niños ecuatorianos, a nuestros niños, quede en abandono porque sus padres son pobres y entre nosotros la justicia es cara.

La pregunta es: ¿lo vamos a permitir? ¿No hay una institución, de tantas que trabajan por los niños y su desarrollo, que se haga cargo de esto? ¿No es posible que una institución que merezca la confianza de la ciudadanía inicie una colecta para reunir el dinero necesario?

Quizás esto último sería lo adecuado, no solo porque estaríamos contribuyendo a que se haga justicia, sino por el valor simbólico que tendría el demostrar que lo que se le hace a un niño ecuatoriano es dolor de todos. Después de todo, ayudamos muchas veces para aliviar enfermedades; por ejemplo, bien podemos colaborar para dejar claro que el que atenta contra la dignidad, la salud mental, el desarrollo psíquico saludable de uno de nuestros niños, hiere profundamente a la sociedad y merece la sanción más rigurosa que la ley permita.

El caso de Galápagos es execrable, ciertamente, pero no es el único, de tal manera que además debemos presionar para que se hagan las reformas legales que sean necesarias, para que no haya dudas, ni vacilaciones cuando se trate de sancionar delitos que atentan contra la esencia misma de lo humano y la dignidad de los más frágiles.