La Comisión de supervisión de los juicios bancarios de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) solicitó a la Superintendencia de Bancos (SB) que determine el monto exacto del perjuicio que causó al Estado ecuatoriano la crisis financiera de 1998 y 1999.

Así lo mencionaron el presidente de la Comisión, Bolívar Vergara, y el magistrado Camilo Mena, quienes firmaron el segundo informe del organismo. El documento contiene los resultados de la revisión del trámite de los procesos bancarios, en muchos de los que se sobreseyó a ex banqueros, acusados de la presunta malversación de fondos.

En algunos expedientes, sostiene el informe, se insinúa y se denuncia la pérdida de la contabilidad de los bancos en liquidación forzosa, saneamiento o reestructuración, que se encuentran en poder de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD). Por ello, los magistrados pidieron adoptar medidas urgentes para recuperar esa información. El informe se entregó al presidente de la CSJ, Hugo Quintana, y a los 30 magistrados.

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Vergara y Mena se ratificaron, también, en la mecánica de trabajo de la Comisión; es decir, se acepta el estudio individual de las causas para luego elaborar informes personales o de grupo, que pueden ser respaldados sin perjuicio de plantear observaciones o entregar un criterio propio.

En los próximos días se entregará un informe global con lo que finalizará este trabajo.

Este segundo informe recoge los resultados de la supervisión en los casos Fondos Visión, West Merchant Bank, Ecuacambio y de los bancos Progreso y Préstamos.

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En el trámite del caso Fondo Visión, la Comisión destaca los más de ocho meses que se tardó la Quinta Sala de la Corte Superior de Quito para convocar a plenario al ex propietario del Banco Popular, Nicolás Landes.

JUECES

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FILANBANCO
Camilo Mena, magistrado que integra la Comisión de Supervisión de los juicios bancarios, prepara un informe sobre el presunto perjuicio cometido en contra del Estado por parte de dos jueces que condenaron a Filanbanco en liquidación (en manos del Estado) a pagar $ 22,1 millones.

PREVARICATO
Por esta causa, según Mena, los jueces encargados del Juzgado 8º de lo Penal de Manta, Juan Bravo Díaz e Ignacio Reyes Cárdenas, enfrentan dos denuncias por prevaricato (anticipar criterios).

RECURSOS
El juez Bravo, dijo Mena, ordenó la entrega de los $ 22,1 millones por presunto daño y perjuicio a Carlos Cevallos (denunciante), pese a que la denuncia inicial era por 143.146 dólares. El juez Reyes ordenó el embargo de bienes de Filanbanco.