Un alumno de 11 años disparó este viernes con una pistola de su tío policía en una escuela argentina, pero nadie resultó herido, a 10 días de la masacre de tres muertos y cinco heridos que provocó un adolescente de 15 años dentro de un aula, informaron autoridades educativas.
El niño, cuya identidad está bajo reserva judicial, entró al aula de su escuela de nivel primario en la ciudad de Cachi, en la provincia de Salta, a 1.900 Km al norte de Buenos Aires, y efectuó dos disparos, uno de ellos impactado en el techo y otro en un pupitre.
La madre, una maestra del establecimiento, pudo controlarlo y lo acompañó hasta ser hospitalizado con una crisis de nervios. El menor fue llevado luego a una Comisaría del Menor, bajo custodia de la jueza Silvia Bustos Rallé.
Un adolescente de nombre Rafael, hijo de un policía naval, había producido el 28 de septiembre pasado una matanza dentro de una escuela secundaria de Carmen de Patagones, al sur de Buenos Aires, luego de disparar a quemarropa contra sus compañeros con el arma de su padre, una pistola Browning 9 milímetros.
Una pistola de igual calibre y características fue la que usó este viernes el niño de Salta, del sexto grado de la escuela Victorino de la Plaza, donde volvieron a vivirse escenas de pánico y conmoción en Cachi, una turística zona de los Valles Calchaquíes.
"Cuando escuché el ruido, salí y encontré a la maestra arrodillada en el piso abrazando a su hijo, y a un costado estaba la pistola. Menos mal que nadie salió herido, pero los tiros fueron a dar en un pupitre y en el techo", dijo la directora, Raquel de Aramayo.
La docente aseguró que la madre del chico fue la encargada de frenarlo al señalar que "ella lo contuvo, lo agarró, lo sujetó. Nadie lo podría creer porque el chico es totalmente normal".
El jefe de Policía, Miguel Osvaldo Nieva, solicitó que el suboficial a cargo del arma usada por el niño "sea indagado para precisar en qué circunstancia el chico le quitó el arma reglamentaria".
Hechos de violencia como amenazas e ingresos a escuelas con armas se vienen registrando en forma habitual, en medio de una ola de violencia delictiva y secuestros, que involucra a sectores de las fuerzas de seguridad, acusadas por el Gobierno de amparar o ser parte de organizaciones mafiosas.