Las inspecciones judiciales en campos petroleros que se realizan desde el 18 de agosto pasado en Orellana y Sucumbíos, dentro del juicio que enfrenta Chevron Texaco por supuesto daño ambiental, implican un costo logístico para las partes demandantes y demandada. La cifra es incuantificable, según los representantes de las dos partes.

Entre los gastos se consideran la movilización, el traslado de Quito a Lago Agrio o El Coca y de aquí hacia las estaciones o pozos, alimentación y hospedaje, además de la remuneración para el personal técnico. Los participantes del proceso provienen de Quito y Nueva York (en el caso de abogados y técnicos), Nueva Loja (el juez de la causa, Efraín Novillo) y de las distintas comunas del sector.

Alberto Wray, uno de los abogados de los indígenas, explicó que los gastos logísticos se cubren con un fondo que se constituyó cuando el caso estaba en Estados Unidos. En cambio, el pago de “honorario de éxito” para los juristas se destinará de un porcentaje de la reparación ambiental, “si se gana el juicio”.

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En cuanto a Texaco, el consejero general de la multinacional, Ricardo Reis Veiga, precisó que la empresa no tiene un monto específico para cada experto. El sistema de remuneración incluye al equipo (abogados, ingenieros ambientales, ingenieros petroleros, peritos) contratado para todo el proceso.

Activistas de la campaña Texaco nunca más aseguraron, sin embargo, que el pago a cada perito de la compañía por inspección es de 5.000 dólares. Esperanza Martínez, integrante de la campaña, señaló que este gasto lo propusieron los  peritos de Texaco al juez  Novillo, para ser cubierto en porcentajes iguales por la petrolera  y  los indígenas.

Para los miembros de las comunidades amazónicas el manejo del presupuesto es distinto. Luis Yanza, del Frente de Defensa de la Amazonia y coordinador del proceso legal, reveló que el financiamiento para la movilización de  indígenas depende de las colaboraciones de los  miembros de las comunidades.