Cuando el Tribunal Constitucional derogó el sistema de reparto electoral anterior, se generó un vacío que se lo debió llenar de inmediato, y no de manera improvisada sino con un nuevo acto legislativo del Congreso que no pudiese ser cuestionado por nadie.

Pero tal cosa no ha ocurrido y los plazos para hacerlo se acortan en forma alarmante.

Comprendemos que los cálculos partidistas son un componente necesario e inevitable de la actividad política, pero aquello tiene un límite: el que deviene de la obligación de resguardar la credibilidad en las instituciones del Estado. Unos puestos más en cualquier gobierno local para tal o cual lista no deberían estar por encima de la obligación de resguardar la autoridad de esos gobiernos seccionales, que se debilitará considerablemente si quedase alguna duda sobre el carácter legítimo de su composición.

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Dicho con otras palabras, ningún partido resultará ganador –mucho menos el país– si la pugna de poderes estalla.

El Congreso Nacional aún está a tiempo de evitar que tal cosa ocurra, pero es imprescindible para ello que asuma su obligación de legislar.