Gustavo Larrea, gerente Ejecutivo de Electroquil, dijo que recibió una llamada del asesor jurídico de la Presidencia, Carlos Larrea, quien le comunicó que se había incluido a las empresa privadas dentro de las beneficiadas por el decreto de emergencia.

El decreto Ejecutivo estableció un crédito de 90 días a favor de las empresas de generación que pertenezcan al Fondo de Solidaridad (FS).

Por otra parte, Larrea anunció que el viernes Electroquil recibió $700 millones de dólares como pago de lo adeudado. Por ello se procedió a invertirlo en combustible.

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En declaraciones para Ecuavisa, el directivo eléctrico señaló, además, que la firma que representa no busca ser subvencionada por el Estado. Por el contrario, espera que todas las empresas trabajen bajo las mismas reglas sin que un grupo de compañías sea sujeto de otras condiciones.

Sobre el crédito de 90 días, Larrea considera que “es lógico que se incluya en estas preferencias a Electroquil”, cuando esta compañía siempre ha cumplido y nunca se ha retrasado un día de pago a Petrocomercial.

En cuanto a la decisión que tomaron el viernes, de dejar de generar energía, el directivo eléctrico explicó que fue porque no contaba con los fondos para pagar el combustible; y no por las demandas de pagos que Duke Energy ha hecho en el marco del Tratado de Libre Comercio (TLC).

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A las distribuidoras se le adeudan $7,5 millones, según indicó Larrea, quien también apuntó que la empresa gastó $5 millones en mantenimiento para las turbinas y $6 millones en combustible.

Pese a que en abril el Gobierno canceló valores pendientes de años anteriores a Electroquil, la deuda acumulada desde enero de este año es otro de los agravantes que, a juicio del directivo, repercute en la cancelación de generación.

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Duke Energy es propietaria del 75% de las acciones de Electroquil. El 25% restante le pertenece a un grupo de inversores nacionales. La empresa de EE.UU. presentó una demanda contra el Estado por 23 millones de dólares. Duke Energy solicita el pago de 7,85 millones de dólares cobrados en administraciones anteriores por multas impuestas, más daños y perjuicios, e intereses sobre la cantidad señalada.