Antes de suscribir el Tratado de Libre Comercio con EE.UU., a inicios del próximo año, Ecuador deberá resolver las disputas que mantiene con Occidental, Duke Energy y BellSouth.

El presidente Lucio Gutiérrez afirmó ayer que el Tratado de Libre Comercio (TLC) que Ecuador negocia con los EE.UU., desde mayo pasado, no significará una pérdida del sistema jurídico vigente en el país y menos de la soberanía nacional.

Lo hizo un día después de que el subrepresentante de la Oficina Comercial de los EE.UU. (USTR, por sus siglas en inglés), Peter Allgeier, sostuviera que su país está dispuesto a dejar fuera del TLC a Ecuador y Perú si las disputas sobre inversiones, con ambas naciones, amenazan un acuerdo con Colombia, el tercer país andino que sigue el proceso de negociación.

El TLC, dijo Gutiérrez –durante la reunión que mantuvo con representantes del sector judicial– “es una oportunidad para que los ecuatorianos salgamos de la pobreza”, pero no significa –insistió– que el Gobierno deje de lado la defensa de los intereses nacionales.

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Entre tanto, el jefe del equipo negociador ecuatoriano del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los EE.UU., Cristian Espinosa, y el ministro de Economía, Mauricio Yépez, reconocieron que las autoridades estadounidenses están condicionando la negociación de dicho acuerdo comercial a la solución de los conflictos comerciales que Ecuador mantiene con varias empresas norteamericanas.

“Sí, es una advertencia que no solamente nos hacen los EE.UU. sino que tenemos que hacernos nosotros como país; no podemos mantener una situación de inseguridad jurídica que puede ser manipulada de manera negativa contra el Estado”, afirmó Espinosa, en rueda de prensa.

Y aunque el jefe negociador descartó una suspensión de las conversaciones o el traspaso de la sede de la próxima ronda –que se prevé efectuar en Guayaquil–, admitió que los desacuerdos comerciales con firmas estadounidenses “tienen un posible impacto en las negociaciones del TLC”.

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Yépez admitió que la declaración de Allgeier,  tiene un claro mensaje: “si no se solucionan las disputas comerciales, ellos (EE.UU.) se van solo con Colombia y (...) por más que negociemos no vamos a hacer nada”. Recordó también que el condicionamiento no es nuevo, pues se lo planteó al inicio de las rondas de diálogo para el TLC.

El Ministro mencionó tres casos como los de urgente resolución para satisfacer la demanda estadounidense: Occidental, BellSouth y Duke Energy. Con las tres compañías el Estado mantiene disputas u obligaciones comerciales pendientes (ver recuadros inferiores).

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A estos conflictos, Espinosa sumó –sin mayores detalles– las controversias del Estado con American Iron Compañy, White Woods y dos organizaciones no gubernamentales (ONG), cuyos nombres no mencionó.

Se trata, dijo ayer el funcionario, de disputas que se resuelven en las instancias judiciales correspondientes, a las que “el Ecuador no puede darles largas ni evitar resolverlas apegado a la ley”.

Espinosa defendió la necesidad de que el país reconozca “las obligaciones internacionales que tiene en los tratados suscritos o en los contratos celebrados con esas compañías”. Así se refirió al tratado sobre promoción y protección recíproca de inversiones que Ecuador suscribió con EE.UU. en 1993 y al que se acogió Occidental para plantear un arbitraje en contra del Estado por la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

La intención de las autoridades de Estados Unidos, explicó el negociador, es evitar que, cuando el Tratado llegue a manos de los congresistas de su país para la aprobación, la atención se desvíe a dichas controversias.

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