La sentencia de la 2ª Corte Distrital de Policía que liberó de culpa a 20 agentes por la muerte de ocho personas (dos sin antecedentes delictivos) durante el operativo Fybeca, en el que además hay tres presuntos desaparecidos, generó ayer las reacciones de la Comisión del Control Cívico de la Corrupción (CCCC) y la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (Aldhu).

Por un lado, la CCCC exhortó al Congreso para que haga cumplir la disposición transitoria vigésima sexta de la Constitución Política, que establece que todos los magistrados y jueces que dependan de la Función Ejecutiva “pasarán a la Función Judicial”.

Con el cumplimiento de la disposición, que incluye a jueces militares y policiales, se evitará utilizar el fuero policial “como un mecanismo de evasión e impunidad al juzgar a los miembros de la Policía en funciones”, precisó Ramiro Larrea, presidente de la CCCC.

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El comisionado criticó el fallo de la Corte Policial porque “propicia la impunidad de un acto bochornoso y execrable” y porque no se tomaron en cuenta las pruebas de investigación presentadas en el proceso, expuestas por la Veeduría Ciudadana.

En este sentido la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (Aldhu) coincidió en rechazar la resolución de la Corte Policial, puesto que convierte a un caso de abuso policial “en crimen de Estado y da cuenta del deterioro del respeto a las garantías individuales”.

La Aldhu, a través de su director regional, Gustavo Larrea, manifestó su respaldo a la demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado ecuatoriano, que proponen las esposas de las víctimas del caso Fybeca.
La Aldhu considera que mantener fueros especiales como las Cortes de Policía es falta de imparcialidad.