El contralor subrogante, Genaro Peña, defendió la resolución que determinó la aplicación de una glosa por 60,6 millones de dólares en contra de la petrolera Repsol YPF y que fuera impugnada por el ex ministro de Energía, Raúl Baca (actual secretario de Gobierno), quien en dicho documento aparece como responsable solidario de la restitución de los recursos.

Baca y otros ex ministros de Energía (Patricio Rivadeneira y Teodoro Abdo) demandaron a la Procuraduría y a la Contraloría ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en un intento de dejar sin efecto la resolución del órgano de control del Estado.

Audiencia
El jueves de la semana anterior, Peña –a través de los asesores jurídicos de la Contraloría– participó en una audiencia de estrados que se efectuó en la Segunda Sala del Tribunal, dentro de la causa 9308-2002, propuesta  por Baca y otros.

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El perjuicio al Estado, que determinó la glosa y que asciende a 60,6 millones de dólares, según la Contraloría, corresponde a los 2’597.106 barriles de petróleo de los que se habría beneficiado Repsol al no pagar la tarifa vigente por transporte de crudo en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1996 y el 9 de marzo del 2000.

Glosa
El precio del barril de crudo, al 10 de agosto del 2001 –fecha en que se fijó la glosa– fue de 23,343 dólares.

La cuantificación en dólares de la glosa, que deberá cancelar Repsol a Petroecuador, podrá variar dependiendo del precio del petróleo al día de pago, afirmó la Contraloría.

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Asimismo, Peña reafirmó también la responsabilidad civil solidaria en contra de los ex ministros de Energía por no haber dictado un acuerdo que permitiera corregir los porcentajes de participación tanto de la empresa como del Estado.