Una comisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto que aumenta los poderes del gobierno para detectar a sospechosos de terrorismo y deportar a las personas consideradas riesgosas para la seguridad, pese a cuestionamientos por la presunta pérdida de libertades civiles.
 
La Comisión Jurídica, liderada por los republicanos, dio luz verde a la iniciativa el miércoles por 19 votos a favor y 12 en contra y la envió para ser tratada por el pleno de la Cámara de Representantes, donde sería aprobada la semana próxima.
 
Pero el proyecto de los representantes, elaborado por los republicanos, tendrá que vérselas con otra iniciativa similar redactada por ambos partidos en el Senado.
 
La iniciativa forma parte de una legislación tendiente a reformar los servicios de inteligencia tras los ataques del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos. El Congreso aspira a responder a las recomendaciones efectuadas por la comisión investigadora de los atentados y a aprobar el proyecto antes de las elecciones presidenciales del 2 de noviembre.
 
El representante demócrata John Conyers de Michigan, miembro de la Comisión Jurídica, calificó a la iniciativa republicana como "profundamente imperfecta" por considerar que afecta las libertades civiles.
 
Los republicanos insistieron, pese a que los demócratas sostenían lo contrario, con que el proyecto refleja las recomendaciones de la comisión investigadora del 11 de septiembre.
 
"Esta legislación refleja una prudente examinación del informe de la comisión del 11 de septiembre y brinda más herramientas y recursos necesarios para luchar y ganar la guerra contra el terror", dijo el presidente de la Comisión Jurídica, James Sensenbrenner, un republicano de Wisconsin.
 
Al tiempo que la comisión introdujo pocos cambios a la iniciativa, rechazó numerosas enmiendas impulsadas por los demócratas, que apuntaban contra lo que los críticos denunciaron como poderes excesivos y previsiones antiinmigratorias.
 
Algunos de sus opositores sostienen que el proyecto es un intento por expandir una iniciativa antiterrorista conocida como Acta Patriótica aprobada tras los ataques del 11 de septiembre.