El Congreso no incluyó en su agenda del día de hoy el debate de método de reparto de los escaños.

Los miembros del Tribunal Supremo Electoral (TSE) rechazaron ayer la propuesta de uno de sus vocales, Carlos Aguinaga (DP), de suspender las elecciones hasta que el Parlamento defina una fórmula de adjudicación de escaños que reemplace al método D’Hondt (declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional en diciembre del año pasado).

José María Cabascango, vocal de Pachakutik, dijo que si se acepta la idea de Aguinaga se trataría de “una suspensión indefinida hasta cuando los legisladores se pongan de acuerdo y eso no puede ser”.

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Jorge Valdospinos (ID) afirmó que se votaría al tacho de la basura “más de 20 millones de dólares, monto que le ha costado al TSE organizar las elecciones”.

Aguinaga afirmó que hoy presenta su planteamiento a los otros seis vocales. Él argumentará que, cuando el TSE defina la distribución de los puestos, “lloverán los recursos de amparo en el Tribunal Constitucional de grupos o personas insatisfechas”.

Sugirió hacer una nueva exhortación a los legisladores para que debatan el tema, para lo cual lleva a la sesión de hoy un texto al que se puedan adherir sus colegas.

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Funcionarios del TSE señalaron que en los 25 años de democracia nunca se suspendieron elecciones ni se convocaron sin un método de asignación de escaños.

“Ni la Constitución Política ni las leyes vigentes contemplan esa figura (la suspensión de elecciones)”, según el ex asambleísta Orlando Alcívar.

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El Congreso puede aprobar una reforma transitoria a la Ley de Elecciones que permita aplazar para otra fecha los comicios.

“El Parlamento estableció, a través de la Ley, en qué plazos deben efectuarse las elecciones; entonces este sí puede modificar la fecha”, explicó. Luego, el documento pasaría al Ejecutivo el cual tendría que vetarlo total o parcialmente, dijo Alcívar.

Técnicos del TSE señalaron que si bien la ley de Elecciones no establece la suspensión de un proceso electoral, “se entiende que se aplica en situaciones de fuerza mayor como un terremoto”.

Citaron como ejemplo el aplazamiento de los comicios en Riobamba debido a la explosión del polvorín de la Brigada Galápagos, el 20 de noviembre del 2002. La segunda vuelta fue el 24 de noviembre, pero Riobamba sufragó una semana después.

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Iván Castro, decano de la facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica de Guayaquil, opinó que en lugar de aprobar una reforma de ese tipo sería más lógico que los diputados escogieran una fórmula para reemplazar al método D’Hondt.

Él recordó que, en derecho público, solo puede hacerse aquello que esté escrito.

Para el jurista, el Congreso incurrió en una “inconstitucionalidad por omisión”; esto es, la violación de principios constitucionales por no cumplir su obligación de dictar normas jurídicas. Esa figura no está penalizada en el ordenamiento jurídico del país.

El director de Participación Ciudadana, César Montúfar, culpó a los legisladores por la situación actual. “La Constitución no le da al TSE la capacidad para legislar y no nos parece responsable que el Congreso evada su obligación, es la única institución con la capacidad de darle una salida del país“ indicó Montúfar, al tiempo de señalar que no se puede hablar de postergar las elecciones “cuando ya se conoce la tendencia de los electores y se presentaron las estrategias de campaña”.