El 1º Tribunal Penal de Manabí deberá sentenciar -en un máximo de 41 días- a los 13 imputados por narcotráfico.

Los cinco días de la audiencia de juzgamiento del caso de narcotráfico Aniversario fueron polémicos. La Policía, Fiscalía, jueces y abogados vivieron en constante tensión desde el pasado viernes 17 de septiembre hasta el jueves 23.

El primer día, cuando se dirigía a la diligencia (que empezaba a las 10h00 en el Comando de Policía de Portoviejo), murió un testigo clave mientras otros dos resultaron heridos, en un accidente de tránsito: un camión cambió el rumbo del caso.

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La fiscal general, Mariana Yépez, pidió suspender la audiencia: Esos tres testimonios, según ella, eran fundamentales para demostrar la culpabilidad de los 13 sindicados, entre ellos, el ex gobernador de Manabí, César Fernández Cevallos, quien supuestamente aportó 30 mil dólares para la campaña del presidente Lucio Gutiérrez.

La Policía no descarta que haya sido un atentado la colisión ocurrida en la vía Manta-Rocafuerte entre la camioneta Chevrolet Luv doble cabina, placas OBC-715, y el camión Hino, placas OCM-107. Su propietario, Santos Chávez Abril, aún no explica quién manejaba el vehículo esa mañana.

Un informe preliminar del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) apunta que se trató de un accidente, estudio que coincide con el peritaje que realizó la tarde del pasado jueves, en Manta, el fiscal de Tránsito de Manabí, George Moreira. En el carro policial viajaban los agentes antinarcóticos Álex Concha Navarrete, quien falleció en el choque, Juan Pablo Haro y Wilmer Abad Villalta.

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El fallecido era parte fundamental, pues se encargaba de manejar el Ion Escáner, aparato detector de droga, elemento básico para demostrar si había o no residuos de cocaína, en especial en el jet Hawker Sidderley 125 de bandera mexicana, que servía para el tráfico a México.

El teniente Juan Pablo Haro comandó el operativo que capturó a 14 involucrados (uno fue absuelto en mayo pasado y otro está prófugo).

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El día dos la Fiscalía cambió de estrategia, ante la negativa de los miembros del Tribunal (Camila Navia –presidenta–, Orlando Delgado y Daniel Cadena) de suspender la audiencia. Los testigos fueron reemplazados por otros, que según la defensa no pudieron demostrar la existencia de la droga. El agente Juan Luna Ojeda debía explicar la funcionalidad del escáner, pero su testimonio fue objetado por los abogados de los detenidos, porque él no estuvo en la toma de las muestras.

La presencia del teniente Haro sobresalió cuando el abogado de Alma Rosa Díaz Muñoz, Franklin Cuenca, lo consideró clave para demostrar la inocencia de su defendida. “Él fue el único que estuvo al frente de la investigación y conocía el papel que desempeñó cada preso”, dijo Cuenca, quien fue otro de los accidentados. Ese sábado 17 su carro colisionó con un vehículo no identificado, donde murió el chofer y quedaron heridos él y su esposa.

Esa tarde, las declaraciones involucraron a políticos y funcionarios del Gobierno. El testimonio del colombiano Guillermo Rodríguez Bermúdez involucró al diputado del Prian (Partido Renovador Institucional Acción Nacional) y presidente de la comisión de Fiscalización del Congreso, Vicente Taiano, de presionarlo para que involucrara al presidente Lucio Gutiérrez, a su hermano Gilmar Gutiérrez, al vicepresidente Alfredo Palacio y a César Fernández.

El día tres, la mexicana Tania Villaseñor Cadena (considerada por la Fiscalía como la cabecilla de la banda), corroboró la presión e inmiscuyó a dos agentes de la DEA (Departamento de Control de Drogas de los EE.UU.), de generar presión para que se hable en contra del Gobierno. “Ellos insistían que les informara sobre una cena con Napoleón Villa y Janneth Gutiérrez”, cuñado y hermana del presidente Gutiérrez, respectivamente.

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Esa mañana la Policía arremetió contra los detenidos. “A César Fernández lo encontramos en la empacadora Fermasa sellando con cinta de embalaje los paquetes de clorhidrato de cocaína. Junto a él, otros cinco fueron hallados en iguales condiciones”, sostuvo Omar Montoya Herrera, jefe de Operaciones del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) de Manta. El testigo aseguró que el ex funcionario solicitó la ley de fuga, pues prefería morir que ser detenido.

En el cuarto día, Freddy Argoti Terán, ingeniero informático de la Dirección de Antinarcóticos, sostuvo que la revisión de la memoria de 15 teléfonos celulares incautados el pasado 23 de octubre, durante el operativo, reveló que Fernández Cevallos, con sus números 099753060 y 098155294, mantenía contacto permanente con Guillermo Rodríguez Bermúdez (colombiano) Michael Espinoza Duque (colombiano), Tania Villaseñor Cadena (mexicana), Édison Jaramillo Herrera (ecuatoriano) y Eduardo Díaz Villavicencio (mexicano). De un teléfono de Fernández se hicieron 600 llamadas.

En el quinto día, la Fiscalía se mantuvo en sus acusaciones “César Fernández es un fraude para los manabitas. Es duro ver cómo un hombre en su avanzada edad haya caído tan bajo, pero el narcotráfico se vale de eso, de personas públicas, quebradas y ambiciosas”, señaló la fiscal de Manabí, María Eugenia Vallejo.