Los incrementos en el Bono de Desarrollo Humano, antes Bono Solidario, coincidieron desde su creación con paros, alzas de precios de combustibles y gas y campañas políticas, como sucede ahora.

Compensar a los más pobres por la eliminación de los subsidios al gas y a la electricidad fue el objetivo por el que se creó en 1998, durante el gobierno de Jamil Mahuad (DP), el Bono Solidario, hoy denominado de Desarrollo Humano.

Desde el 4 de noviembre de 1998, cuando comenzó el pago de 100 mil sucres, hasta la actualidad, que alcanza los 15 dólares por el aumento que hizo en julio del 2003 el actual Gobierno, lo recibe un promedio de 1’200.000 personas al mes.

Sin embargo, el bono también es objeto de cuestionamientos por su carácter asistencialista y porque se ha constituido en un instrumento de manejo político y demagógico, según representantes de sectores sociales y analistas.

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“Estamos en contra de que en época electoral se anuncie que se va a aumentar el bono y que se creen falsas expectativas”, expresa Pedro de la Cruz, de la Fenocin, en respuesta al anuncio del ministro de Bienestar Social (MBS),  Antonio Vargas, de duplicar por este mes el bono y de que se entregaría otra bonificación en diciembre próximo.

Mientras el  ministro de Economía, Mauricio Yépez,  ha dicho que el desembolso no está presupuestado y hasta el jueves pasado, según el secretario de la Presidencia, Carlos Pólit, se esperaba una reunión entre Yépez y el presidente de la República, coronel Lucio Gutiérrez, para analizar el alza, el subsecretario de Fortalecimiento Institucional del MBS, Bolívar González, asevera que el bono adicional va.

“El presidente Gutiérrez, sensible  a la información de que 500 mil niños no entraron a la escuela (en el periodo escolar que se inició en la Sierra y Amazonia) porque no tienen plata, ordenó que se entregue el bono adicional para la educación”, asegura González.

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En las actuales circunstancias, “el anuncio es abiertamente una manipulación política, que no solo le hace daño al pueblo convertido en pordiosero sino al propio Gobierno, porque las autoridades de Bienestar Social pretenden forzar demagógicamente la decisión del Mandatario”, dice el analista Eduardo Castillo.

De hecho, todo gasto público tiene un lado político: satisfacer a alguien y tener la esperanza de que ese alguien vote por uno, sostiene el analista Pablo Lucio Paredes, quien refiere que la discusión también apunta sobre si la entrega de recursos del Estado a la gente  pobre se la debe hacer a través de la provisión directa de servicios (educación o salud gratuita por ejemplo) o mediante la entrega del dinero directamente.

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“Es que el concepto de entregar dinero en efectivo se presta a la demagogia y al clientelismo político”, apunta Castillo.

De hecho, después de la aplicación del programa de reajuste económico en el 2003, el Gobierno presentó la Agenda Social Básica Juntos Podemos, cuyo primer instrumento, el Bono de Desarrollo Humano, se incrementó desde el 1 de julio de ese año de 11,50 a 15 dólares, para madres beneficiarias, y de 7,50 a 11,50, para personas de la tercera edad y discapacitadas.

Incluso se dijo que el cambio de nombre de Solidario por el de Desarrollo Humano tenía como objetivo cambiar el concepto del bono y que se planificaba dejar de entregar el dinero a cambio de dar servicios, en salud y educación. Además, según el régimen, se hizo una selección de beneficiarios ubicando a los verdaderamente pobres a cambio de que mantengan a sus hijos en la escuela y realicen los controles de salud periódicos de  los niños.

En ese marco se anunció que todos los beneficios sociales que brinda el Estado se agruparían en una tarjeta electrónica, y que según González es un programa que se sigue puliendo.

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“Definitivamente en momentos ha habido un manejo demagógico del tema y también poco criterio técnico y más bien antojadizo, pues hay mucha gente que debería recibir el bono y no lo hace  y con seguridad hay otros que lo reciben y no lo merecen”, señala Miriam Alcívar, dirigente del Cepam (Centro Ecuatoriano de Promoción y Acción de la Mujer).

Las listas del bono, según Paredes, se prestan a cierta manipulación, “ya que pueden ser usadas para hacer campaña política directamente”.