La falta de horizonte para la conducción política de la defensa nacional resigna los acontecimientos a soluciones salidas de su propia inercia o a decisiones erráticas que se toman por agobio ante circunstancias exasperadas.

La resaca de la gran ofensiva del Plan Patriota de las fuerzas militares de Colombia contra la guerrilla se siente, cada vez con mayor intensidad, en los bordes geográficos colombianos especialmente de Venezuela y Ecuador, con el riesgo no del manido desbordamiento del conflicto, sino más bien de absorción.

Casi en forma simultánea, en las fronteras colombianas se han tenido, en la semana que transcurre, incidentes de gran tensión. En territorio venezolano de la zona fronteriza norte del Arauca, en una emboscada, un grupo armado ilegal mata a seis militares y a una especialista en petróleo.

La explicación colombiana al confuso incidente internacional es que la incursión armada fue realizada por el Frente 10 de las FARC.

Según versión venezolana, esta corresponde a una acción de los paramilitares, en la zona del río Arauca, que está plagada de paramilitares y narcotraficantes y, según el incidente, también por guerrilleros.

La gravedad del incidente probablemente lleve a discutir en el Congreso una propuesta de convenio que faculte a las fuerzas militares, en situaciones similares a realizar una “persecución en caliente”.

En la frontera colombo-ecuatoriana, como producto de las operaciones militares entre la infantería de marina colombiana y las FARC, se tiene un “inusual cruce de colombianos armados”, según reseña periodística, con lo que se corroboran reiteradas amenazas realizadas a la población fronteriza.

Amenazas que no son de extrañarse si se recuerda que el 2001, cientos de indígenas de las comunidades kichwa, shuar y awa, ubicadas en el sector Bermeja, a orillas del río San Miguel, fueron amenazados de muerte por grupos armados, presionados a abandonar sus tierras y a buscar refugio en Jambelí y Cascales.

En la presente oportunidad, como entonces, nuestras unidades militares de frontera, han dado protección a la población y cobertura al territorio, en cumplimiento al Plan de Protección de Fronteras. Descubriéndose en la intensificación de los patrullajes nuevas instalaciones clandestinas, organizadas como bases en territorio ecuatoriano, por elementos de grupos armados ilegales “infiltrados”.

La iniciativa y firmeza del comandante del Batallón de Selva 55 Putumayo, para no permitir que se repita, es producto de una diligente reacción táctica, que evidentemente no puede sustituir a la previsión político-estratégica de la defensa. Peor aún puede ser la respuesta adecuada al Objetivo Estratégico colombiano que plantea: desde el sector Defensa, en coordinación con los otros sectores del Estado y el apoyo de la ciudadanía (léase política de seguridad), doblegar a las organizaciones ilegales armadas, consolidar el pleno respeto a la Constitución y  fortalecer el sistema democrático en todo el territorio nacional.

La transferencia de un conflicto puede producirse desde o hacia un determinado lugar, en función de la acción ejercida por las fuerzas impulsoras, por lo que la defensa nacional no puede conducirse tácticamente, peor aún dejar vacíos por renuncia a la autonomía de las decisiones que dan oportunidad a los ilegales al no existir un plan integral interinstitucional de seguridad fronteriza. Temas como la migración; tráfico ilícito de armas, drogas y precursores; pedido o retiro del requisito del pasado judicial; y control de los pasos ilegales colombo-ecuatorianos no pueden ser tratados y resueltos en forma aislada del conjunto de la seguridad nacional e internacional.