Un ex vocal del PSC denunció que se alteraron listas de las empresas para integrar las juntas del voto.

El pleno del Tribunal Provincial Electoral de Los Ríos (Tpelr) resolvió, en la sesión del martes, cerrar el Centro de Cómputo hasta que técnicos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) realicen una auditoría e investiguen las supuestas irregularidades que denunció el ex vicepresidente del organismo, Carlos Zamora Quintana (socialcristiano).

Según Julio Basantes (Prian), secretario del Tpelr, Zamora expuso que se alteraron 500 nombres de personas que integran las Juntas Receptoras del Voto (JRV) del listado original que enviaron empresas públicas y privadas.

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Por esto, agregó, se prohibió que los trabajadores tuvieran acceso a Cómputo hasta la llegada del personal del TSE.

No obstante, Eduardo Villaquirán (PSC), vicepresidente del TSE, desestimó las denuncias y sostuvo que solo se trata “del resentimiento de un vocal que fue destituido (Zamora)”.

“Es más escándalo que otra cosa. En los nombramientos de JRV siempre puede haber inconvenientes. El partido me pidió que lo cambiara y (Zamora) denunció como represalia, sin fundamentos”, dijo. Según Villaquirán, la salida de Zamora es por la reorganización del Tpelr. “Normalmente hay una rotación, no tiene que haber motivos”, señaló.

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Enrique Ponce (Prian), presidente del Tpelr, confirmó que ayer por la mañana recibió un fax en el que se le informaba sobre la destitución de Zamora de la vocalía del PSC. En su reemplazo se nombró a Ignacio Torres.

Ponce agregó que el contrato de Viviana Litardo, quien se desempeñaba como jefa de Cómputo, fue liquidado el viernes pasado, debido a que el pleno estimó que ella es la presunta responsable de las adulteraciones en las nóminas de las empresas.

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“Ella es la responsable y posiblemente haya otro involucrado dentro del Tribunal. Para eso pedimos que venga un interventor del Supremo”, dijo. Según Ponce, el pleno del Tpelr aún no inicia acciones penales contra Litardo porque está a la espera del informe que entregue el TSE.

Mientras tanto, Litardo denunció que su destitución fue irregular. “Eso me hacen porque deben estar fraguando algo y no saben cómo justificar mi salida como jefa del Centro de Cómputo”, manifestó.

Según Litardo, ella no realizó los cambios en los listados y, el pasado 17 de septiembre, (cuando fue removida de su cargo) entregó las llaves, claves y equipos del Centro de Cómputo, por lo que no se responsabiliza de lo que ha pasado en el área desde esa fecha. Litardo estaba al frente de la dependencia desde 1997.

Villaquirán afirmó que “el Supremo no puede ir a manejar el Centro de Cómputo de Los Ríos”. No obstante, expresó que hoy irá un observador del TSE hasta dicha provincia para investigar la denuncia.

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El caso del Tpelr es similar al que se denunció en el Tribunal Electoral del Guayas (TEG) el fin de semana pasado y que motivó el cambio de los integrantes de las JRV de 27 cantones de la provincia, excepto Guayaquil.

Las investigaciones para establecer los responsables de la adulteración de datos continúan en Guayas, pero según Enrique Pita (ID), vocal del TEG, es “muy difícil encontrar la cabeza, la persona que ideó la adulteración. Lo que se puede hacer es identificar los responsables por omisión”.

Por su parte, el vocal Pedro Pablo Gómez (PSC) aseveró  que “nadie ha hecho fraude” y que las denuncias presentadas por Roberto Ponce (Prian), vicepresidente del organismo, y Pita lo que buscan es “esconder la elección antiética de 13.512 estudiantes de la Universidad de Guayaquil para integrar las JRV”.