La lucha contra la corrupción en los países de Latinoamérica avanza pero requiere de más voluntad política, según las conclusiones del Tercer Encuentro Regional de los Organismos Anticorrupción de siete naciones del continente, que se celebró en Bolivia. 

El documento final, divulgado hoy, sostiene que la acción de las oficinas anticorrupción de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Nicaragua ha comenzado a dar resultados pero que, por la persistencia del problema, los representantes convinieron en la necesidad de continuar trabajando de manera decidida.
 
La reunión, que contó con la participación de delegados de los siete países, integrantes de la Alianza Regional de Organismos Anticorrupción, concluyó el miércoles, al cabo de tres días de deliberaciones en la sede del gobierno boliviano.
 
Al analizar la Convención Interamericana Contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, los delegados asistentes al encuentro en Bolivia coincidieron en que ambos instrumentos deben ser incorporados a su propia legislación.
 
Por ello, acordaron realizar sendos diagnósticos legislativos y administrativos para impulsar las reformas que se requieren en la normativa de cada nación y, así, lograr el objetivo de que ambas convenciones internacionales sean aplicadas lo antes posible.
 
Asimismo, el encuentro decidió adoptar acciones para el intercambio de información, al que señalaron como "factor fundamental" para el desarrollo del proceso contra este delito en los países de la región.
 
Sin embargo, los delegados destacaron la importancia de "resguardar los aspectos técnicos (de las leyes) para el desarrollo de tales políticas", que conduzcan a lograr "calidad legislativa" en el camino a erradicar la corrupción emprendido en la zona.
 
"Existen textos legales en la región, promulgados con el objetivo de implementar medidas y control de la corrupción, pero sus defectos formales los convierten en inoperantes", indica un párrafo de las conclusiones.
 
El texto añade que "las respuestas técnicas no tendrán resultado si no son acompañadas de la voluntad política" para evitar "espacio para la improvisación y falsas soluciones al problema", que afecta a la mayoría de las naciones latinoamericanas.
 
Por ello, los organismos de control de la corrupción admitieron que tienen, entre otras funciones, la responsabilidad de alentar la voluntad política de sus respectivos gobiernos y de conseguir también la cooperación de las entidades internacionales.
 
Los participantes también resolvieron impulsar la inclusión de la sociedad civil en todas las acciones de combate a este flagelo, no sólo para acatar las convenciones internacionales sino también para "generar condiciones destinadas a crear cambios hacia una efectiva lucha contra la corrupción".
 
En la reunión también se estableció que los que abusan de su poder para fines personales no sólo actúan en entidades públicas sino que también se encuentran en el sector privado, causando graves daños a los intereses de la población.
 
La Alianza Regional de Organismos Anticorrupción, que aprobó su normativa interna, nombró a la delegada presidencial Anticorrupción de Bolivia, Guadalupe Cajías, como su coordinadora para el próximo periodo anual.