El intendente general de Policía, José Manuel Rodríguez Franco, impuso ayer una pena de siete días de prisión y pago de una multa de 88 dólares en contra del empresario Miguel Orellana, presidente de Publivía y yerno del diputado León Febres-Cordero (PSC).

La medida cautelar y sanción adicional también fue dictada contra Carlos Koplonwitz Grumbahuer, representante del Grupo K; Mercedes Gordillo Gómez, de Impacto Visual; Byron Oña González, de Induvallas; Ana Naranjo Calderón, de Publivía; Francisco Laso Chiriboga, de Letrasigma, y Eduardo Martínez Cedeño, de Zazpecsa.

La autoridad de Policía actuó sobre la denuncia de Carlos Chicaiza Donoso y Willys Alberto Amador Jurado, quienes afirmaron que estos empresarios, dueños de vallas publicitarias, supuestamente se conectan a las redes de alumbrado público sin consentimiento de la empresa eléctrica y causan variaciones de voltajes que afectan a la ciudadanía.

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Mientras tanto, el fiscal Stalin Coca dijo ayer en Ecuavisa  que pidió al intendente Rodríguez que se inhibiera de tramitar la causa, debido a que hubo una denuncia con anterioridad que no fue incluida en la resolución.