Jorge Vinueza, director nacional de Personal de la Policía, compareció ayer ante el Juzgado 20º de lo Civil de Pichincha para explicar las razones del descuento del 8,14% que se aplica desde enero del 2000 a las pensiones jubilares de los ex miembros de la institución.

Vinueza acudió ante el juez Germán González en reemplazo del comandante general, Jorge Poveda.

Mientras el jefe policial rendía su versión ante el juez, sin que se haya permitido el acceso a la prensa, en las afueras de los juzgados, ubicados en las calles Seis de Diciembre y Piedrahíta, alrededor de 50 policías en servicio pasivo exhibían carteles y gritaban consignas en contra de las autoridades de la institución, a quienes calificaron de indolentes.

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Algunos amenazaron con la toma del Instituto de Seguridad de la Policía (Isspol) si no se elimina el descuento.

Calificado como ilegal por los representantes de 24 mil policías jubilados del país, el descuento del 8,14% fue acordado hace cuatro años entre todas las asociaciones de personal de la Policía.

“Pero el acuerdo fue para que el descuento permita acumular reservas en nuestro beneficio y hasta ahora no hemos recibido ninguna ayuda”, indicó Tomás López, representante de las asociaciones en servicio pasivo.

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Vicente Villacís, representante de los generales en servicio pasivo, coincidió con López e insistió que la exigencia no es para pedir aumento ni revisión de pensiones, “sino para eliminar el descuento”, porque nunca se cumplió el objetivo para el cual fue creado.