El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Hugo Quintana, inició los tramites para extraditar a los ex accionistas del Banco del Azuay, Carlos Julio y José Miranda Alcívar, acusados del delito de peculado, por la presunta disposición arbitraria de los dineros de la entidad.

Quintana adoptó la decisión una vez que el Juez 19º de lo Penal del Guayas, encargado del Juzgado 2º, Vicente Sorrosa Soto, convocó a juicio plenario a los sindicados, con orden de prisión en firme.

Mediante providencia de finales del mes anterior, Quintana decidió solicitar al canciller, Patricio Zuquilanda, que practique las gestiones diplomáticas necesarias para lograr la extradición de los hermanos Miranda Alcívar.

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Para el efecto, informó que los ex banqueros se encuentran prófugos de la justicia y con residencia en los EE.UU.

Paralelamente, el 31 de agosto anterior, Quintana designó a Gilbert Paredes como perito encargado de la traducción de las principales piezas del expediente del proceso del idioma español al inglés. Paredes cuenta con ocho días para entregar la traducción, contados desde el 2 de septiembre en que se posesionó del cargo.

Con estos antecedentes, Quintana declaró cumplidos los requisitos establecidos en la Ley de Extradición vigente, en la Convención de Extradición y en el Tratado Complementario de Extradición.

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Por disposición del magistrado, el Canciller recibirá copias certificadas de las providencias del juez Sorrosa, en las que solicita la extradición de los ex banqueros.

También, copias de la denuncia del ex diputado, Fernando Rosero (PRE), de la providencia de inicio del juicio (del 26 de abril de 1999) y la orden de prisión preventiva dictada por el Juez 1º de lo Penal del Azuay, Miguel Arias.

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Se anexará la convocatoria a plenario, dictada el 13 de febrero del 2001 por el juez 2º de lo Penal del Guayas, Fernando Moreira, por el delito de falsificación de documentos y la resolución de la Tercera Sala de la Corte de Justicia de Guayaquil, en la que modifica el delito anterior por peculado.

Asimismo, el informe de la Intendencia Nacional de Bancos que determina la entrega de créditos a empresas de reciente creación que no cumplieron los requisitos de ley y la lista de empresas vinculadas con el grupo Miranda, a las que se otorgó préstamos.

Se incluye el oficio del 16 de enero de 1999, firmado por Carlos Miranda Alcívar –dirigido al ex superintendente de Bancos, Jorge Egas peña–, en el que se informa que el Banco cerró sus puertas el 18 de enero de ese mismo año y la decisión de Egas, que declaró el cierre unilateral de la entidad y solicitó el procedimiento de saneamiento.

JUICIOS
RASTREO
El presidente de la Comisión de Supervisión de los juicios bancarios de la CSJ, Bolívar Vergara, exigió el rastreo de los recursos de los bancos quebrados, que fueron dispuestos arbitrariamente por los ex propietarios de esas entidades, acusados y sentenciados por malversar los fondos de los depositantes.

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DEFENSA
El magistrado también pidió a las entidades que tienen a cargo la defensa del Estado el inicio de procesos legales por daños y perjuicios, en contra de los ex banqueros que perjudicaron al fisco.