En forma paralela a esta acción, Vergara exigió a las entidades que tienen a su cargo la defensa de los intereses del Estado, el inicio de procesos legales por daños y perjuicios, en contra de los ex banqueros que perjudicaron al Estado. A juicio del ministro, este debe ser el siguiente paso de las autoridades de la Procuraduría y la Superintendencia de Bancos.

Según Vergara, esta recomendación se la incluirá en el informe de la evaluación preliminar que se realiza al proceso de vigilancia de los juicios bancarios, cuyo documento estará listo en el transcurso de la próxima semana.

Para Vergara, causa preocupación que las instituciones públicas no hayan tomado estas iniciativas, pese a que hay juicios con sentencias condenatorias.

Publicidad

El magistrado acogió el ejemplo de Chile, donde se logró ubicar los bancos donde se depositaron los recursos que ilícitamente habría retirado el ex dictador chileno, Augusto Pinochet.

Por ello, consideró urgente que las autoridades de Ecuador promuevan el rastreo de los fondos de los ex banqueros. “No pueden haber desaparecido miles o decenas de millones de dólares de los bancos matrices y sus off shores, cuyo destino fue hacia otras instituciones financieras; no obstante, el Estado desconoce dónde están esas cuentas”, sostuvo.

Con estos argumentos, Vergara consideró inaceptable el hecho de que los procesos que determinaron –con sentencia condenatoria– un millonario perjuicio al fisco, termine con una simple condena y la finalización de la responsabilidad económica de los banqueros.

Publicidad

INFORMACIÓN
DOCUMENTOS
Los miembros de la Comisión de Supervisión recibieron ayer al ex superintendente de Bancos, Juan Falconí Puig, quien entregó documentación sobre el trámite de varios procesos bancarios.

TRÁMITE
Las salas de lo Penal de la Corte Superior de Quito aún no remiten la documentación solicitada por la CSJ sobre el trámite de estos juicios, pues no cuentan con un archivo de causas desde marzo pasado. Entre las instituciones que remitieron la información están las superintendencias de Bancos y Compañías, la Policía, la Comisión Anticorrupción y los juzgados.