La decisión de la Casa Blanca de levantar la prohibición a la venta de armas de asalto entró en la campaña electoral.

El presidente de EE.UU., George W. Bush, republicano, dejó pasar el plazo que tenía para extender una ley que hasta ayer prohibía la venta de 19 tipos de potentes armas semiautomáticas.

El candidato demócrata, John Kerry, a la cabeza de los detractores, considera que lo que ha hecho Bush es ayudar a “sus amigos en la industria de las armas”, en lugar de optar por “los oficiales de policía y las familias que prometió que protegería”.

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Bush no ha querido enfrentar a la NRA porque es uno de los grandes proveedores de fondos para su campaña, dijo Kerry.

Su visión coincide con la de asociaciones policiales y familiares de víctimas de armas de fuego, que durante años han defendido la renovación de la llamada Ley Brady, en honor del ex secretario de la Casa Blanca, James Brady, herido gravemente en 1981 en el atentado contra el presidente Ronald Reagan.

En el otro extremo se sitúa la poderosa Asociación Nacional del Rifle (NRA por sus siglas en inglés), en contra de la prohibición que entró en vigor en 1994, durante la presidencia de Bill Clinton.

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Wayne LaPierre, presidente de la NRA, dijo a la cadena CBS de televisión que las armas hasta ahora proscritas “no abren agujeros más grandes que las otras”.

Sin esta ley los estadounidenses podrán comprar sin ningún problema fusiles de asalto rusos Kalashnikov AK-47, israelíes Uzi, pistolas Tec-9 (con las que se cometió la matanza en una escuela de Columbine, Colorado, que dejó 15 muertos en 1999) o el AR-15, versión civil del prototipo militar M-16.

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Un sondeo del Centro Annenberg de la Universidad de Pensilvania afirma que el 68% de estadounidenses apoya que la ley siga en vigencia y que en Texas, con el 53% de sus residentes armados, el 80% desea que sigan siendo ilegales.