Son utilizados por algunos de ellos para delinquir a pesar de estar encarcelados.
"No deben existir teléfonos celulares ni satelitales en los reclusorios; su tolerancia en prácticamente todos los reclusorios visitados viola de manera directa el derecho humano que tiene la sociedad para recibir un mejor servicio de seguridad pública", expresó José Antonio Bernal, uno de los visitadores de la CNDH en un comunicado.
El debate sobre la pertinencia de que los reos que se encuentran en 445 centros de reclusión de México puedan portar celulares surgió después de que cientos de miles de mexicanos marcharan por la capital en protesta por los altos índices de criminalidad, el pasado 27 de junio.
El pasado mes de julio, las autoridades del estado de Puebla (centro) anunciaron el desmantelamiento de una banda de chantajistas que operaba desde el interior de una cárcel y que se dedicaba a extorsionar a empresarios por teléfono.
Los delincuentes amenazaron durante los últimos meses a 43 empresarios de la región centro del país con secuestrar a sus familiares en caso de no recibir determinadas cantidades de dinero.
Según cifras oficiales, cada año se cometen 4,5 millones de delitos en México, con una población de 104 millones de habitantes, mientras que sólo en la Ciudad de México, considerada una de las más violentas de América Latina, cada año se denuncian más de 200.000 delitos.
"El interno tiene derecho a comunicarse, sólo mediante teléfonos oficiales y sólo con quienes cumplan con los requisitos establecidos en los reglamentos, y aun en casos de emergencia únicamente pueden hacer uso de teléfonos oficiales, sobre los que siempre debe existir control", añadió la CNDH en su comunicado.
La CNDH presentó este lunes su Informe Especial sobre las cárceles de México en las que se encuentran 191.890 internos, de los cuales 4,87% son mujeres y el resto hombres.
La comisión sostuvo que "el sistema penitenciario, último eslabón del esquema de seguridad pública, ha sido desatendido durante décadas por el Estado mexicano" y considera necesario que se reconozca "la enorme corrupción que existe en los centros de reclusión".
Además del hacinamiento al que están sometidos los presos en México, la falta de actividades laborales, educativas, el tráfico de drogas y la casi nula separación entre procesados y sentenciados se traducen en violaciones a las garantías fundamentales para que ellos puedan readaptarse, por un lado, y por el otro al derecho del resto de la sociedad para una efectiva seguridad pública, según la CNDH.