Son utilizados por algunos de ellos para delinquir a pesar  de estar encarcelados.
 
"No deben existir teléfonos celulares ni satelitales en los reclusorios; su  tolerancia en prácticamente todos los reclusorios visitados viola de manera  directa el derecho humano que tiene la sociedad para recibir un mejor servicio  de seguridad pública", expresó José Antonio Bernal, uno de los visitadores de  la CNDH en un comunicado.
 
El debate sobre la pertinencia de que los reos que se encuentran en 445  centros de reclusión de México puedan portar celulares surgió después de que  cientos de miles de mexicanos marcharan por la capital en protesta por los  altos índices de criminalidad, el pasado 27 de junio.
 
El pasado mes de julio, las autoridades del estado de Puebla (centro)  anunciaron el desmantelamiento de una banda de chantajistas que operaba desde  el interior de una cárcel y que se dedicaba a extorsionar a empresarios por  teléfono.
 
Los delincuentes amenazaron durante los últimos meses a 43 empresarios de  la región centro del país con secuestrar a sus familiares en caso de no recibir  determinadas cantidades de dinero.
 
Según cifras oficiales, cada año se cometen 4,5 millones de delitos en  México, con una población de 104 millones de habitantes, mientras que sólo en  la Ciudad de México, considerada una de las más violentas de América Latina,  cada año se denuncian más de 200.000 delitos.
 
"El interno tiene derecho a comunicarse, sólo mediante teléfonos oficiales  y sólo con quienes cumplan con los requisitos establecidos en los reglamentos,  y aun en casos de emergencia únicamente pueden hacer uso de teléfonos  oficiales, sobre los que siempre debe existir control", añadió la CNDH en su  comunicado.
 
La CNDH presentó este lunes su Informe Especial sobre las cárceles de  México en las que se encuentran 191.890 internos, de los cuales 4,87% son  mujeres y el resto hombres.
 
La comisión sostuvo que "el sistema penitenciario, último eslabón del  esquema de seguridad pública, ha sido desatendido durante décadas por el Estado  mexicano" y considera necesario que se reconozca "la enorme corrupción que  existe en los centros de reclusión".
 
Además del hacinamiento al que están sometidos los presos en México, la  falta de actividades laborales, educativas, el tráfico de drogas y la casi nula  separación entre procesados y sentenciados se traducen en violaciones a las  garantías fundamentales para que ellos puedan readaptarse, por un lado, y por  el otro al derecho del resto de la sociedad para una efectiva seguridad  pública, según la CNDH.