El  cierre del paso ilegal en  El Charco, que se lo bloqueó para no permitir el cruce de vehículos entre Ecuador y Colombia, genera apoyo y rechazo entre los  comuneros de Colombia y Ecuador.

En la zona, que une al municipio de Tulcán y Carlosama (Nariño-Colombia),  indígenas colombianos, encabezados por Luis Bernal, aseguraron que la medida ha sido positiva.

“Al menos unas 30 o 40 personas  trabajan como cargadores en puestos de comida y quioscos que se han levantado en el paso fronterizo”, expresó Bernal.

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El uso de la mano de obra se da porque  los comerciantes realizan el transbordo de sus productos desde Ecuador hacia Colombia por esta vía, sin pagar impuestos.

Amparados en este trabajo temporal el grupo de comuneros solicitó a las autoridades de Ecuador que no se rehabilite esta vía.

Pero quienes realizan alguna actividad comercial entre ambos países insisten en su reapertura. Según los comerciantes mayoristas, ellos son los más perjudicados, porque los costos del trasbordo han aumentado y los excesos de la fuerza pública ecuatoriana, cuando realiza operativos, les causa pérdidas.

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Zanjas no detienen
La excavación de zanjas en los puestos fronterizos ilegales, que unen a Carchi y Nariño (Colombia), no es impedimento para que el contrabando haya disminuido.

Ayer,  EL UNIVERSO  pudo constatar que el paso de cilindros de gas a Colombia no se detiene.

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Según el gobernador del Carchi, Emilio Guerrón, este será el principal producto que tendrá que disminuir su paso ilegal.

Guerrón anunció  que para bajar el contrabando se  aminorarán  los cupos para los distribuidores de gas.