El candidato a la alcaldía de Quito, Rodrigo Paz, calificó esta mañana de ilegal la medida del Tribunal Electoral de Pichincha (TEP) y señaló que la disposición tiene como propósito favorecer a Paco Moncayo, quien busca la reelección.

Paz no podrá contratar más publicidad para su campaña por sobrepasar el límite de gasto, según determinó el TEP, luego de recibir el pasado 8 de septiembre un segundo informe de la empresa Interview, que monitoriza el gasto de los diferentes candidatos en los medios de comunicación de todo el país.

Basado en esta información, el organismo determinó que Paz ha gastado más de 90 mil dólares, es decir, superó el doble de los 40 mil que, de acuerdo con lo que establece la Ley de Control de Gasto Electoral, corresponde para los candidatos a la alcaldía de Quito.

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Durante un contacto telefónico en Citynoticias (89.3 FM Guayaquil), el candidato del movimiento Quito en Acción indicó que apelará la decisión y enjuiciará al presidente del Tribunal Electoral de Pichincha y continuará con su campaña.  “Hay un error en la ley del TEP, porque esto se debe hacer luego de terminado el proceso electoral como en ocasiones anteriores y ahí aplicar la sanción a quienes sobrepasamos el límite”, manifestó.

Pero aseguró que no quiere irrespetar la ley y si su apelación no es a favor, seguirá con su campaña recorriendo la ciudad porque ese es el mejor medio de difusión que tiene para su candidatura.

Por su parte, el presidente de la Comisión Jurídica del organismo, Álvaro Páez, explicó que el ex alcalde de Quito incurrió, además, en otra “inobservancia de la mencionada ley, ya que varias cuñas que promocionan su candidatura fueron transmitidas por televisión antes del periodo aprobado por el Supremo (31 de agosto)”.
 
Aunque Paz tiene voces en contra, también hay funcionarios que lo respaldan. Entre ellos está el diputado del Partido Socialista (PS), Segundo Serrano, quien afirmó que el TEP no está procediendo de manera correcta al prohibir que el candidato a la Alcaldía de Quito, Rodrigo Paz, contrate más publicidad para su campaña proselitista.

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"La Ley no habla de control previo, sino posterior. Por eso el control es noventa días después cuando se ejerce la auditoría del gasto. Ahí viene la sanción e inclusive la destitución del candidato en caso de haber ganado", explicó Serrano.