El nuevo titular ha elogiado a su antecesora y ha dicho que no realizará cambios. Pero entonces, ¿para qué el reemplazo? Si todo estaba tan bien, como se afirma, ¿por qué no dejar que las cosas sigan igual?

Con ese antecedente, era casi inevitable que analistas y formadores de opinión barajasen –como ha ocurrido hasta ahora– dos hipótesis igualmente negativas:

La primera, que el cambio en la cúpula del SRI pudiese ser parte de una negociación con alguno de los sectores que apoyan al Gobierno, el cual habría recibido el manejo del SRI a cambio de sus votos y su respaldo.

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La segunda, que alguien pudiese haber resuelto transformar al SRI en una maquinaria de presión política, para imponerle a la oposición ciertas conductas, so pena de convertirla, de otro modo, en víctima de una persecución tributaria forzada.

Si alguno de estos motivos políticos estuviesen detrás del cambio en el SRI, entonces la consecuencia sería la caída inevitable en las recaudaciones. Eso no le haría daño solo al Gobierno, sino a todo el país. Por eso el régimen está en la obligación urgente de desmentir –con palabras y con hechos– que ninguna de las dos hipótesis citadas es real.