El presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, quiere alcanzar un "pacto nacional" sobre la inmigración con todas las fuerzas sociales y políticas del país y que involucre tanto a la Unión Europea (UE) como a los países de origen para controlar los flujos migratorios.
 
Así lo explicó este martes la vicepresidenta del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, al informar a los periodistas sobre la reunión que Rodríguez Zapatero mantuvo con el líder del opositor Partido Popular (PP), Mariano Rajoy, a quien trasladó esta propuesta.
 
La vicepresidenta destacó que los "sucesivos fracasos" de las reformas migratorias planteadas por el anterior Ejecutivo del PP que presidió José María Aznar demuestran que este reto no puede ser resuelto por un Gobierno en solitario", ya que afecta a toda la sociedad y a todas las instituciones españolas.
 
De hecho, recordó que el gobernante Partido Socialista (PSOE) ya propuso este pacto cuando estaba en la oposición y ahora lo retoma por considerar que es una cuestión que afecta "a la base misma de la convivencia" en España.
 
"Debemos ponernos de acuerdo sobre cuántas personas acogemos para convivir y cómo organizamos la convivencia", añadió la vicepresidenta, quien subrayó que esta cuestión debería quedar fuera de la contienda política.
 
Según explicó, el pacto propuesto por Rodríguez Zapatero a Rajoy descansaría sobre cuatro pilares fundamentales.
 
El primero de ellos significaría un mayor control en las fronteras, que permita la expulsión de delincuentes y la repatriación de quienes entran en España de manera irregular.
 
En segundo lugar, el Gobierno de Rodríguez Zapatero es partidario de implicar a toda la Unión Europea en esta cuestión, "que nos afecta a todos", mientras que el tercer pilar pasaría por fomentar la cooperación internacional con los países de origen de los inmigrantes "para ordenar las llegadas mediante contratos" de trabajo en estas naciones.
 
El último punto subrayado por Rodríguez Zapatero sería abordar la situación de los inmigrantes que se encuentran irregularmente en España, cifrados en varios cientos de miles.
 
La medida permitiría normalizar la situación de los ilegales que tienen trabajo para que puedan pagar sus impuestos, evitando las distorsiones en el mercado de trabajo y garantizando el ejercicio de sus deberes y derechos.
 
Preguntada por la respuesta dada por Rajoy a esa oferta, la vicepresidenta dijo que el líder opositor no ofreció una contestación concreta y que será necesario seguir hablando al respecto.
 
No obstante, confió en que haya una respuesta positiva porque el Gobierno cree que se trata de un pacto "razonable, necesario, conveniente y bueno para el país".