Una afirmación de semejante calibre no debería ser emitida en forma tan superficial, no solo por la gravedad que la misma reviste sino porque se refiere a un asunto de enorme importancia económica para el país, que involucra intereses por varios miles de millones de dólares.

El Procurador es, por definición, el abogado del Estado. Si desde su oficina se emite la opinión de que la compañía petrolera aludida ha violado un contrato legítimo, y que con eso existirían motivos jurídicos para darlo por concluido, lo que correspondería, en circunstancias normales, sería tomar en cuenta esa opinión y darle todo el valor que merece.

Si el país debe hacer un esfuerzo para hacer valer la seguridad jurídica, eso implica hacer valer los intereses legítimos de las compañías extranjeras, pero también hacer que estas respeten sus obligaciones.

Publicidad

Pero ocurre, además, que la opinión de la Procuraduría no ha sido gratuita sino que se ha apoyado en argumentos que parecen incontrastables, y que no han sido desmentidos por nadie, lo que les da un valor adicional. Dicho criterio jurídico, por ende, solo se lo podría desautorizar con argumentos y evidencias de mayor fuerza, y no con denuncias políticas un tanto ligeras que aún reclaman que se las pruebe.