La Ley del 15% permitió a los municipios y consejos provinciales hacer más obra pública.

Una encuesta realizada durante el 2002 en el país por el Banco Mundial (BM) reveló que el 34% de la población cree que los servicios que reciben de sus gobiernos locales son “buenos y muy buenos”. En cambio, según el Latinobarómetro, el índice de popularidad del Gobierno central es del 6%.

En los 25 años de democracia, según José Terán, coordinador de relaciones exteriores del Tribunal Supremo Electoral (TSE), “la labor de los municipios, especialmente, ha evolucionado de la construcción de aceras y bordillos a la de asumir aspectos vitales como la educación, salud, desarrollo humano, turismo, con buenos resultados, aunque los casos todavía son limitados” en un país con 22 prefecturas y 219 alcaldías.

Publicidad

Para Alexei Páez, analista político, no existe un momento determinado en el que se pueda señalar un cambio en las prácticas públicas; destacó que es en la década de los 80 cuando “se desarrolla una comprensión de la importancia de lo local, considerando la identidad y características del sector”.

Para Terán hay un momento clave en la historia en el que los ecuatorianos voltearon su mirada hacia su ciudad; fue después del gobierno y la caída de Abdalá Bucaram, en 1997.

“Bucaram subió con una fama de proximidad al pueblo, con el baile y la tarima hizo creer que sabía de las necesidades de la ciudadanía, que estaba cercano, pero en el ejercicio real del poder vimos todo lo contrario”, dice el funcionario del TSE.

Publicidad

A criterio de Terán es, entonces, cuando se produce un fenómeno en el que los ciudadanos bajan su mirada de la gestión del Ejecutivo, para ponerla en el alcalde.

Es en este año, también, en el que se aprobó la Ley del 15%, que destina ese porcentaje de los ingresos corrientes del presupuesto central a las entidades seccionales.

Publicidad

Ante esto, recalcó Terán, “el edil se ha convertido en una figura más cercana, que conoce más de las necesidades de la ciudad, aunque no siempre las solucione”.

Gustavo Baroja (ID), consejero de Pichincha, describió que no siempre el trabajo que realizan las alcaldías y prefecturas es voluntario, a veces es forzado por las circunstancias, “nacen como respuesta a la ineficiencia del Gobierno Central”.

Actualmente, “para el Ejecutivo está reservado el papel de dictar las grandes políticas nacionales en lo económico, lo internacional”, explicó Baroja.

“Pero no todo se puede descentralizar”, según el analista Páez. No hay una fórmula para trasladar la experiencia exitosa de un municipio a otro, “entre la práctica de Cotacachi y Guayaquil (ambos municipios premiados) –dijo– hay diferencias, pero todos tienen un ingrediente común: la organización social y por consecuencia la exigencia”.

Publicidad

Patricio Quezada, coordinador de los gobiernos locales alternativos, expresó que el horizonte o el futuro de una ciudad se fija junto a sus ciudadanos: “Solo una vez que se ha desarrollado hacia el interior, se puede pensar en compartir experiencias y formar redes”.

Quezada destacó que una de las claves para que un municipio, grande o pequeño, funcione, es acabar con el clientelismo (repartir los cargos de la entidad pública entre los amigos y miembros del partido). A esto le sumó la desventaja en la que se pueden encontrar ciertas administraciones cuando no son del partido del Presidente de la República, “en esos casos los recursos se tardan en llegar, siempre lo económico será un problema”, aseveró.

Quezada sostuvo que el valor que le da el ciudadano a la entidad local se expresa en que “hay más entusiasmo y menos ausentismo en elecciones seccionales, que en las nacionales”. Una premisa que puede comprobarse el próximo 17 de octubre.

CIFRAS
Presupuesto
En la pro forma presupuestaria para el 2005, que el Ejecutivo envió al Congreso, se destinan 670,3 millones de dólares a los gobiernos seccionales por la aplicación de la Ley del 15%, que exige que ese porcentaje de los ingresos presupuestarios se destine e este sector. El próximo año se repartirán 7 millones de dólares para las juntas parroquiales.

Participaciones
Los gobiernos seccionales tienen otras participaciones (preasignaciones) dentro del presupuesto. Por ejemplo, en la pro forma del 2005, la aplicación de la Ley 40 permitirá que las provincias de Napo, Esmeraldas y Sucumbíos reciban 2,1 millones de dólares adicionales. Existe un fondo para el ecodesarrollo amazónico.

Monto
El monto total que el Ejecutivo propone entregar a los gobiernos seccionales representa, según la pro forma, el 3,3% del Producto Interno Bruto y el 21,5% de los ingresos corrientes del presupuesto.