Tres indígenas colombianos secuestrados por las FARC  el 21 de agosto junto con el alcalde de Toribío, Arquímedes Vitonás, fueron  dejados en libertad, pero el mandatario local -también de la etnia Paez- aún  continúa en poder de esa guerrilla, informaron este domingo portavoces de la  comunidad.
 
Los tres rehenes liberados son Plinio Trochez, gobernador del cabildo  indígena de Toribío (Cauca); Rubén Darío Escué, gobernador suplente del cabildo  indígena de San Francisco, y Erminson Velasco, conductor del vehículo en que  viajaba el grupo cuando fue secuestrado.
 
Junto con el alcalde Vitonás sigue en cautiverio Gilberto Muñoz,  coordinador del Centro de Estudios y Capacitación y ex alcalde de Toribío  -municipio del suroccidental departamento de Cauca-, según las autoridades.
 
Vitonás y sus cuatro acompañantes fueron secuestrados el pasado 21 de  agosto cuando se desplazaban de Toribío a San Vicente de Caguán -en el vecino  departamento de Caquetá-, para visitar un asentamiento indígena Paez.
 
Los tres indígenas liberados fueron dejados en un paraje de la región de  Caquetá, según voceros de una organización de la comunidad Paez con sede en la  ciudad de Popayán, capital de Cauca.
 
La liberación de los indígenas se produjo un día después de que más de 400  miembros de la etnia Paez realizaron una marcha pacífica hacia San Vicente del  Caguán (740 km al sur de Bogotá), para exigir la liberación de los aborígenes.
 
Las FARC son acusadas también del secuestro de Orlando Hernández Guanga, un  líder indígena A wa y alcalde del municipio de Ricaurte (970 km al sur de  Bogotá), en un hecho ocurrido el 25 de agosto mientras viajaba a la población  de Ipiales, en el departamento de Nariño, frontera con Ecuador.
 
El secuestro de los indígenas provocó la condena de varios organismos  internacionales, entre estos el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para  los Derechos Humanos, Amnistía Internacional (AI) y la organización no  gubernamental holandesa Pax Christi.
 
La Organización Indígena de Colombia (ONIC) ha denunciado que las  comunidades aborígenes son víctimas de una campaña de "exterminio" por parte de  los grupos armados irregulares, así como de abusos de las Fuerzas Militares.
 
Dos indígenas fueron asesinados el 28 de agosto en el occidental municipio  de Sipirra, y tres días antes fue muerto otro aborigen en la localidad de  Cayaima (centro), en hechos cuya autoría se desconoce.
 
En el primer semestre de este año fueron asesinados en Colombia 61  indígenas, según el gobierno, que señala una disminución del 42% en estos  crímenes con respecto al mismo período de 2003, cuando se reportaron 106  casos.