Al juzgado 14º de lo Penal del Guayas llegó ayer, por sorteo, el pedido de prisión preventiva en contra de los delegados del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), Luis Raymond Ramia Pozo y Vicente Aguilar Rendón, y del jefe financiero del CNJ, Douglas Armijos Andrade.

La fiscal de delitos financieros, Gladys Murillo, solicitó la medida cautelar en contra de los miembros de la Delegación Distrital del CNJ en Guayaquil y del funcionario, por una presunta creación de empresas fantasmas para favorecer a otra que les proveyó muebles y materiales.

El expediente fiscal fue iniciado luego del pedido que hizo el director regional 1 de la Contraloría General del Estado, Luis Moyano, tras el informe de esa entidad sobre pagos efectuados a las casas comerciales. El documento refiere que para las compras se eludió el procedimiento legal, para favorecer a otras firmas, pues al verificar la veracidad de las ofertas se constató que algunas empresas no participaron en ningún proceso de contratación con el CNJ. Además, “se presentaron cotizaciones de dos casas comerciales que tienen el mismo RUC y pertenecen a una misma persona”, entre otras supuestas anomalías.