El Ministerio de Ambiente  exigió la semana pasada al Municipio de Tulcán, que suspenda la construcción de la obra más grande que se  ha realizado en los 20 últimos años en esta ciudad: el alcantarillado combinado.

Su objetivo es la descontaminación de los ríos Tajamar y Bobo, que actualmente son los recolectores de aguas servidas de la ciudad.

Aunque en el financiamiento de la obra (4 millones de dólares) intervienen el Gobierno Nacional (2 millones), el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (1 millón) y el Municipio de Tulcán (1 millón) por medio de créditos del Banco del Estado (BEDE) esta institución  suspendió los desembolsos a la Municipalidad y exige que se paralice la obra por no tener la licencia que otorga el Ministerio del Ambiente.

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El ex director regional del Ministerio de Ambiente (con sede en Ibarra), Rómulo Aguirre, afirmó que el cabildo no tramitó la licencia ambiental para ejecutar la obra.

Aguirre renunció a su cargo en esa Secretaría de Estado, el 17 de agosto pasado, para postularse como consejero provincial por la alianza Sociedad Patriótica-Movimiento Trabajo y Democracia (al que pertenece el diputado Luis Felipe Vizcaíno).

Según el alcalde con licencia Pedro Velasco, se trata de una revancha política originada por Vizcaíno, quien ha exigido a su colaboradora, Karina Varela, gerenta del BEDE, Regional Norte, que suspenda los desembolsos para dañar la imagen del Municipio.